Publicidad
Superintendencia suspende 31 licencias a empresas de vigilancia por infiltración criminal en Colombia
La decisión se produce tras sendos reportajes de la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector, tras identificar un patrón de presunta infiltración de estructuras criminales en compañías legalmente constituidas. La medida hace parte de una ofensiva institucional para enfrentar irregularidades en la prestación de servicios de seguridad privada en distintas regiones del país.
La decisión se produce tras dos reportajes de investigación publicados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, los pasados 28 de enero de 2026 y 14 de diciembre de 2025.
Estas publicaciones tituladas: “Líos de Atenas Seguridad Privada: de 379 empleados 75 tienen procesos penales” evidenció los además extraños nexos directivos en la trastienda de la empresa hay polémicos personajes, millonarios contratos estatales y una accionista enredada en un caso de extinción de dominio.
Y una segunda publicación: “Con ´licencia´ para delinquir: empresas de seguridad privada y sus nexos con criminales”, que evidenció como están autorizadas legalmente, pero en la trastienda varias operan con delincuentes.
El superintendente Larry Álvarez Morales informó que la decisión se adoptó luego de detectar que algunas empresas habrían utilizado licencias legales para facilitar actividades ilícitas. Según explicó, se trata de organizaciones que, tras obtener autorización para operar, habrían puesto personal, armas y recursos al servicio de redes ilegales.
Entre las acciones adelantadas se incluyen sanciones en ciudades como Barranquilla, donde se cancelaron en primera instancia las licencias de las empresas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda.
La entidad precisó que las investigaciones continúan y que al menos ocho compañías adicionales serán sancionadas próximamente como resultado de procesos en curso.
Lea también: (Vicky Dávila deja la Gran Consulta y regresa a Semana tras su derrota electoral)
La Superintendencia señaló que todas las actuaciones se desarrollan bajo las garantías del debido proceso, aunque reiteró una postura estricta frente a cualquier irregularidad.
En ese sentido, Álvarez Morales indicó que el patrón identificado evidencia una modalidad en la que empresas obtienen habilitaciones legales para operar, pero posteriormente desvían sus capacidades hacia actividades ilegales.
De acuerdo con la entidad, en el marco de investigaciones judiciales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos, así como personal relacionado con estructuras criminales.
Estas prácticas, añadió, podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilícitas, lo que incrementa la gravedad de los hallazgos.
La ofensiva institucional ha contado con la articulación de diferentes entidades del Estado, en particular con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
Este trabajo conjunto, según la Superintendencia, ha permitido fortalecer los controles sobre armas en manos de particulares, avanzar en investigaciones con impacto judicial y mejorar el cruce de información para detectar irregularidades en el sector.
Otras noticias
Etiquetas
