Gobernador de Antioquia exige liberación de dos menores retenidas por disidencias de las Farc en El Bagre

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió la liberación inmediata de dos adolescentes que permanecen retenidas por presuntas disidencias de las Farc en el municipio de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Las menores fueron identificadas como Jhocer Alexandra Yánez Hernández, de 15 años, y María Ana Yánez Hernández, de 14, quienes permanecen en poder del grupo armado desde el pasado 12 de marzo en el corregimiento de Puerto López.

El mandatario departamental hizo pública la denuncia a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que reclamó la liberación de las jóvenes y criticó la falta de pronunciamientos del Gobierno nacional frente al caso. Rendón también cuestionó el silencio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ante lo que calificó como una grave vulneración de los derechos de las menores.

Según el gobernador, las adolescentes habrían sido retenidas por una estructura disidente de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”. En su mensaje, también cuestionó al presidente Gustavo Petro por no haberse pronunciado sobre lo ocurrido, en medio de los procesos de negociación que el Gobierno mantiene con distintos grupos armados ilegales.

La denuncia se produjo luego de que circulara en redes sociales un video atribuido a integrantes de ese grupo armado, en el que se refieren a una incursión armada realizada el 12 de marzo en Puerto López. En la grabación, los hombres aseguran que unidades del denominado Cuarto Frente de las Farc ingresaron al lugar para enfrentar a presuntos integrantes del Clan del Golfo, enfrentamiento que habría dejado al menos dos personas muertas.

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De acuerdo con la versión difundida por los disidentes, tras el intercambio de disparos las dos adolescentes fueron retenidas bajo señalamientos de presunta colaboración con esa organización criminal. En el mismo video, los hombres armados afirman que las jóvenes se encuentran con vida y que estarían a la espera de ser entregadas a las autoridades competentes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que se adopten medidas que permitan garantizar el retorno seguro de las menores. El organismo recordó que la retención de niños, niñas y adolescentes en el contexto del conflicto armado constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario.

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