Exigen acción urgente del Estado ante escalada de violencia en el Bajo Calima y el sur de Bolívar

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el agravamiento de la crisis humanitaria en el Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y en el sur de Bolívar, donde se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, provocando desplazamientos masivos, confinamientos y graves violaciones a los derechos humanos.

Según un informe divulgado por El Tiempo, la entidad constató que la débil presencia del Estado ha permitido que persistan amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, violencia sexual y ataques con drones contra comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

En el Bajo Calima, la Defensoría verificó la situación de 516 familias del Consejo Comunitario del territorio. El pasado 22 de septiembre, la columna “Wilson González” del frente Jaime Martínez —disidencia del grupo de “Iván Mordisco”— irrumpió en una institución educativa en plena jornada de clases y hostigó a la Fuerza Pública. Días después, los mismos combatientes patrullaron zonas pobladas y lanzaron una granada desde un dron, hiriendo a dos mujeres.

“Se han presentado graves hechos de violencia sexual, reclutamiento forzado y ocupación de viviendas por parte de los grupos armados. Las comunidades siguen confinadas y sin atención adecuada”, señaló la Defensoría, que desde el 23 de septiembre ha pedido acciones urgentes a los ministerios del Interior y de Defensa, así como a la Unidad para las Víctimas y al ICBF.

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En el sur de Bolívar, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que la situación es igualmente crítica. En la Serranía de San Lucas confluyen el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, generando una ola de violencia que ha dejado 27 emergencias humanitarias, 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos solo en lo corrido de 2025.

Las afectaciones se concentran en municipios como Santa Rosa del Sur, Montecristo, Cantagallo, Morales y Río Viejo, donde más de 24.000 personas han sufrido los impactos del conflicto. También se reportaron secuestros de líderes comunales, ataques con drones, instalación de minas antipersonal y ocupación de escuelas y viviendas.

“La respuesta institucional debe ser integral, con enfoque territorial y de derechos. Se requiere reforzar la presencia estatal y garantizar protección a mujeres, niños y adultos mayores”, subrayó la Defensoría.

El organismo pidió al Gobierno Nacional activar mecanismos de desminado, educación en emergencia y programas de ayuda humanitaria inmediata. Además, exhortó a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y cesar las hostilidades contra la población civil.

“La vida, la integridad y la dignidad de las comunidades deben ser protegidas. Es urgente una acción coordinada del Estado para garantizar su retorno seguro y digno”, concluyó el pronunciamiento.

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