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En tres años, Clan del Golfo duplicó número de integrantes y amplió su presencia a casi 300 municipios
Consolidó una nómina mensual superior a USD 1,5 millones, según un nuevo informe de la FIP.
El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela que el Clan del Golfo experimentó entre 2022 y 2025 el crecimiento más acelerado registrado desde su conformación.
La organización pasó de 4.099 integrantes identificados por la Fuerza Pública en 2022 a 9.840 miembros para diciembre de 2025, cifra que representa un incremento cercano al 140 % y que lo posiciona como el grupo armado ilegal con mayor capacidad de despliegue en el país.
Del total reportado, 3.328 hombres y mujeres permanecen en armas, y el resto integra redes de apoyo logístico, financiero, urbano y de comunicaciones que sostienen las operaciones del grupo en zonas rurales y centros urbanos.
El análisis también evidencia un aumento sostenido de la presencia territorial. Mientras en 2020 la organización influía en 129 municipios, para 2025 la cifra alcanzó 296, lo que confirma la expansión de corredores estratégicos en el Caribe, el Urabá, el Bajo Cauca, el Chocó y parte del centro-oriente del país.
Estas zonas concentran economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la intermediación en cadenas criminales transnacionales.
Por primera vez, la FIP incluyó una estimación detallada de la nómina interna del Clan del Golfo, elaborada a partir de entrevistas, documentación de campo y verificación con fuentes institucionales.
El cálculo indica que la organización destina más de USD 1,5 millones al mes para pagar salarios dentro de una estructura jerárquica que abarca mandos militares, operadores urbanos y puntos de vigilancia.
Entre las asignaciones identificadas se encuentran: 17 millones de pesos mensuales para comandantes de frente, 12 millones para segundos comandantes, 10 millones para administrativos, 5 millones para políticos de frente, 3,5 millones para cabecillas urbanos, 2,2 millones para patrulleros armados y 1,5 millones para campaneros y puntos de control.
Esta distribución coincide con análisis previos del International Crisis Group y del Observatorio de Conflictividades de Indepaz, que han documentado la capacidad financiera del grupo para sostener esquemas de reclutamiento, suplir bajas y garantizar la continuidad de operaciones en territorios donde mantiene disputas con otras estructuras.
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La FIP detalla además que el Clan del Golfo opera actualmente mediante seis bloques que distribuyen responsabilidades militares, logísticas y económicas:
1. Bloque Arístides Meza Peláez. Actúa en amplias áreas del Caribe, entre ellas Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, desde donde coordina actividades vinculadas a rutas marítimas y redes urbanas.
2. Bloque Jairo de Jesús Durango. Controla zonas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, regiones históricas de consolidación del grupo y corredores usados para movilidad armada y minería ilegal.
3. Bloque Roberto Vargas Gutiérrez. Se concentra en el Urabá antioqueño, parte del Chocó y límites con Caldas y Risaralda, región clave para rutas hacia Centroamérica y el Caribe.
4. Bloque Magdalena Medio. Opera en territorios de Santander, Boyacá y sur de Bolívar, donde confluyen actividades extractivas ilegales, cultivos de uso ilícito y rutas hacia la cordillera Oriental.
5. Bloque Juan de Dios Úsuga – Central Urabá. Mantiene autonomía en sectores históricos de entrenamiento y mando dentro del Urabá.
6. Bloque Nelson Hurtado Simanca. Extiende su presencia hacia Cundinamarca, Meta, Casanare y Guaviare, demostrando la capacidad de la estructura para proyectarse hacia el centro y oriente del país.
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