Emergencia en Córdoba: estas la cifras de la tragedia por la ola invernal tras rechazo de ayuda humanitaria

La declaración se produjo luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos informara que enviará asistencia humanitaria dirigida a más de 1.400 hogares afectados por las inundaciones y deslizamientos registrados durante las últimas semanas.

La comunicación del Gobierno colombiano se emitió a través de la Cancillería, que explicó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantiene activos sus mecanismos de respuesta y que estos, por ahora, no requieren la activación de solicitudes de cooperación internacional.

Según la Cancillería, los protocolos vigentes establecen que el llamado internacional solo se realiza cuando la capacidad técnica, logística y operativa de las instituciones nacionales resulta superada por la magnitud de la emergencia.

El anuncio estadounidense detalló que la ayuda se compone de alimentos, kits para tratamiento y sanitización de agua, y elementos destinados a la instalación de alojamientos temporales en las zonas más afectadas del departamento.

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Este apoyo, según el propio Departamento de Estado, busca cubrir necesidades inmediatas de las familias damnificadas mientras se restablecen condiciones mínimas de habitabilidad en los municipios impactados.

En el comunicado oficial, Washington señaló que la asistencia se coordina bajo criterios que privilegian la autosuficiencia a corto plazo y que se orientan a garantizar un uso eficiente de los recursos.

Al explicar la intervención, el Gobierno estadounidense indicó que las agencias encargadas del operativo humanitario mantienen contacto permanente con autoridades locales y organizaciones que operan en el territorio.

Tras conocerse ese anuncio, la Cancillería colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres difundieron mensajes separados en los que reiteraron que, aunque se valora toda oferta internacional, la normativa prevé que esta solo opera a petición expresa del Estado.

Ambas entidades sostuvieron que, por el momento, los equipos institucionales están llevando a cabo las acciones de respuesta y atención en Córdoba con los recursos disponibles, incluidos puentes humanitarios internos, apoyo aéreo para movilización de suministros y despliegues técnicos para evaluar daños.

En su declaración, el Gobierno añadió que continúa el proceso de caracterización de los hogares afectados y la ejecución de las fases de socorro, estabilización y recuperación temprana.

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También señaló que se adelantan censos para definir las condiciones de retorno a zonas seguras o reubicaciones temporales en los municipios donde persisten riesgos asociados a las lluvias.

Las autoridades destacaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está articulando información con gobernaciones, alcaldías y organismos de socorro para consolidar los reportes de afectación y coordinar el envío de insumos prioritarios.

Según la Unidad, estos procesos se mantienen activos y se ajustan según los informes hidrometeorológicos y las evaluaciones de campo.

Las lluvias intensas y las inundaciones que han afectado a la región nororiental de Colombia han dejado un saldo de víctimas mortales que oscila entre 14 y 18 personas, con reportes de fallecimientos en varios municipios cordobeses afectados por el desbordamiento del río Sinú y fenómenos asociados al frente frío y a La Niña.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha señalado que estos eventos han impactado a cientos de miles de personas en múltiples departamentos del país en las últimas semanas.

El alcance de la tragedia se refleja en las cifras de daños y afectados: decenas de miles de hectáreas están bajo el agua, con estimaciones de al menos 40.000 hectáreas anegadas únicamente en Córdoba, y un número aún mayor de tierras productivas afectadas por el exceso de agua.

En materia de población, distintas fuentes periodísticas calculan que entre 150.000 y más de 250.000 personas han sido afectadas directamente por las lluvias e inundaciones en varias regiones, con Córdoba concentrando una de las mayores porciones de damnificados, incluidos miles de hogares que han perdido sus viviendas o las han visto seriamente dañadas.

La magnitud de los daños también se ha traducido en estimaciones económicas que superan varios billones de pesos, según declaraciones de autoridades económicas y análisis del impacto regional.

En comunicación oficial, el Gobierno nacional ha estimado que los costos para atender la emergencia —incluidas rehabilitaciones de infraestructura, apoyo a familias y recuperación de tierras y medios de vida— se sitúan en torno a $8 billones.

Este monto es la base para diseñar y ejecutar las estrategias de financiación extraordinaria que el Ejecutivo ha puesto en marcha.

Para agilizar la atención de la emergencia económica, social y ambiental, el presidente de la República suscribió un decreto de emergencia que habilita al Gobierno para hacer traslados presupuestales, crear instrumentos tributarios excepcionales y reasignar recursos sin necesidad de aprobación previa del Congreso por un período establecido.

En el marco de esa declaratoria, el Gobierno anunció la creación de un impuesto al patrimonio para las 15.000 empresas más grandes del país, con el propósito de financiar la recuperación de zonas afectadas y los programas de apoyo social y productivo a las poblaciones desplazadas por las inundaciones.

La Contraloría General de la República informó que, antes de la declaratoria motivada por las lluvias actuales, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contaba con aproximadamente 1,69 billones de pesos disponibles, además de reservas presupuestales provenientes del ejercicio anterior cercanas a 1 billón de pesos.

Pese a este panorama el Gobierno no ha aceptado ayuda internacional.

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