Ejército denuncia nueva asonada en el Cañón del Micay: 500 personas bloquean operativo en El Tambo, Cauca

El Ejército Nacional informó sobre una nueva asonada registrada en el departamento del Cauca, donde un grupo de aproximadamente 500 personas impidió el desarrollo de operaciones militares que se adelantan en el marco de la Operación Perseo, estrategia con la que la Fuerza Pública busca recuperar el control territorial en el Cañón del Micay, una de las zonas con mayor presencia de estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el sector conocido como El Filo, jurisdicción del municipio de El Tambo, donde unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 desarrollaban operaciones contra integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas Farc.

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Según la información entregada por la institución militar, la movilización masiva de habitantes habría sido promovida mediante presiones e intimidaciones por parte de integrantes de esa organización armada ilegal. El Ejército aseguró que alias Samuel y alias El Gordo, señalados como integrantes de la estructura Carlos Patiño, habrían obligado a la población a concentrarse para impedir el avance de las tropas y obstaculizar el desarrollo de las operaciones militares.

Las autoridades sostienen que este tipo de acciones hacen parte de una estrategia utilizada por los grupos armados para evitar la presencia permanente de la Fuerza Pública en corredores considerados estratégicos para sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico y el control de cultivos de uso ilícito que existen en esa región del Cauca.

Durante la asonada, de acuerdo con el informe oficial, la situación pasó de los bloqueos al enfrentamiento directo con los uniformados. El Ejército indicó que cuatro personas agredieron a los soldados con el propósito de quitarles sus armas de dotación y, además, pretendían activar artefactos explosivos durante el desarrollo de los disturbios.

La institución señaló que esa situación representó un riesgo para la integridad del personal militar desplegado en la zona, razón por la cual las tropas reaccionaron aplicando los protocolos establecidos para este tipo de escenarios.

En un comunicado, el Ejército explicó que sus unidades actuaron bajo los principios constitucionales que regulan el uso legítimo de la fuerza y aplicaron medidas de carácter disuasivo para contener la agresión y evitar que la situación derivara en consecuencias mayores.

Como resultado de los hechos, cuatro de las personas que, según el Ejército, participaron directamente en las agresiones resultaron heridas. Las primeras versiones indican que las lesiones se habrían producido por la activación de un elemento explosivo durante el desarrollo de la asonada.

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Tras controlar la situación, los uniformados brindaron atención inicial a los lesionados en el mismo lugar de los hechos y posteriormente coordinaron un operativo de evacuación aérea para trasladarlos hasta la ciudad de Popayán, donde recibieron atención médica especializada.

El Ejército destacó que, pese a tratarse de personas que presuntamente participaron en las agresiones contra las tropas, se activaron los protocolos de atención humanitaria para garantizar su asistencia médica inmediata.

Las autoridades militares también informaron que cinco personas fueron extraídas de la zona y quedaron a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización correspondiente.

Según el reporte oficial, estas personas deberán responder por el delito de asonada y por otras conductas que puedan establecer las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las pruebas que sean recopiladas durante el proceso.

La institución anunció que presentará las denuncias penales respectivas contra todos aquellos que participaron en los hechos violentos, al considerar que las acciones desarrolladas constituyen una obstrucción al cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas a la Fuerza Pública.

Dentro de los procedimientos realizados durante la operación también fue recuperado un menor de edad que, según informó el Ejército, se encontraba en el lugar de los acontecimientos.

La institución indicó que el adolescente fue puesto bajo protección y que ya se iniciaron los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para garantizar el restablecimiento de sus derechos, conforme a las normas de protección de la infancia y la adolescencia.

El Ejército no entregó mayores detalles sobre las circunstancias en las que el menor terminó involucrado en los hechos, aunque reiteró que las autoridades competentes asumirán el proceso correspondiente.

La nueva asonada vuelve a poner de manifiesto las dificultades que enfrenta la Fuerza Pública para desarrollar operaciones en el Cañón del Micay, un corredor donde durante los últimos años se han registrado enfrentamientos armados, ataques con explosivos, restricciones a la movilidad de las tropas y acciones de presión ejercidas sobre comunidades rurales.

Las autoridades han advertido en diferentes oportunidades que las organizaciones armadas ilegales recurren al constreñimiento de habitantes de las zonas rurales para organizar bloqueos y movilizaciones que dificultan los procedimientos militares y policiales.

En varios episodios ocurridos durante el desarrollo de la Operación Perseo se han registrado situaciones similares, en las que grandes grupos de personas han rodeado a los uniformados para impedir capturas, evitar la destrucción de infraestructura utilizada por organizaciones ilegales o bloquear el ingreso de las tropas a determinados sectores.

Para el Ejército, estas acciones afectan el orden público y representan un obstáculo para las operaciones dirigidas a recuperar el control institucional en una región considerada prioritaria por las autoridades nacionales debido a la presencia de economías ilegales y estructuras armadas.

En su pronunciamiento oficial, el Comando del Ejército rechazó lo ocurrido y afirmó que este tipo de actuaciones vulneran derechos fundamentales, alteran la convivencia y dificultan el cumplimiento de la misión constitucional encomendada a las Fuerzas Militares.

La institución también reiteró que continuará desarrollando operaciones en el área y mantendrá presencia permanente en el Cañón del Micay como parte de la estrategia de seguridad implementada por el Estado.

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