Disidencias de alias “Calarcá” crecen 111 % durante negociación de paz y alcanzan casi 3.000 integrantes

Un balance reciente de inteligencia militar indica que la estructura armada dirigida por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias “Calarcá”, ha registrado un aumento significativo en su capacidad operativa durante el periodo en el que sostiene diálogos con el Gobierno nacional.

La información divulgada por El Colombiano señala que el grupo pasó de contar con aproximadamente 1.400 integrantes en armas en 2023 a 2.958 en la actualidad, lo que representa un incremento del 111 % en medio del proceso de negociación.

El 16 de octubre de 2023 se instaló en Tibú, Norte de Santander, la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el denominado Estado Mayor Central.

En ese momento, el acto fue presentado como un paso dentro de la política de paz. Sin embargo, más de dos años después, reportes oficiales describen un escenario en el que la expansión territorial y el fortalecimiento armado de esta disidencia han avanzado de forma paralela al desarrollo de los diálogos.

Actualmente, la organización liderada por alias “Calarcá” opera bajo la denominación de Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

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De acuerdo con los datos recopilados, esta estructura está conformada por 16 unidades distribuidas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.

Su presencia se ha extendido a diez departamentos y cerca de un centenar de municipios, incluidos territorios donde previamente no se registraba actividad de este grupo.

Uno de los hechos recientes que ilustra su capacidad de acción ocurrió en el municipio de Briceño, Antioquia. Allí, una explosión frente a la estación de Policía fue atribuida de manera preliminar a una facción del Frente 36 vinculada a esta organización.

Según las autoridades, dicha estructura estaría bajo el mando de alias “Primo Gay”, quien responde a directrices de alias “Calarcá”. En la zona también se reporta presencia de otros grupos armados, lo que mantiene abiertas las investigaciones.

En el ámbito gubernamental, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó en declaraciones radiales que alias “Calarcá” continúa desarrollando actividades delictivas y que su captura sigue siendo un objetivo.

No obstante, precisó que las actuaciones de la cartera se ajustan a las disposiciones del Ejecutivo en el contexto del proceso de negociación.

Las autoridades también han identificado tensiones internas dentro de las estructuras asociadas a este grupo. Tras operaciones militares adelantadas en Antioquia en octubre de 2025, en las que murió alias “Ramiro”, se evidenciaron divisiones entre frentes que anteriormente respondían al mismo mando.

En particular, se reportó el distanciamiento entre los frentes 18 y 36, con acercamientos de algunos sectores hacia alias “Mordisco”.

Desde el inicio de su participación en la mesa de diálogo, alias “Calarcá” cuenta con suspensión de orden de captura, una medida que actualmente es objeto de revisión por parte de la Fiscalía.

Este beneficio ha sido cuestionado por autoridades regionales, que señalan la continuidad de acciones armadas en distintos territorios.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, atribuyó directamente la autoría del atentado en Briceño a estructuras bajo el mando de alias “Calarcá” y sostuvo que estas continúan ejecutando desplazamientos, homicidios y ataques contra la fuerza pública mientras participan en conversaciones con el Gobierno.

Reconfiguración de estructuras y trayectoria del mando

Información recogida por fuentes oficiales indica que los frentes 18 y 36 tuvieron en su momento funcionamiento independiente y, en determinadas etapas, vínculos con la denominada Segunda Marquetalia.

Posteriormente, con el inicio de la política de “paz total” en 2023, estas estructuras fueron integradas al Estado Mayor Central, que presenta divisiones internas entre las facciones lideradas por alias “Calarcá” y alias “Mordisco”.

El Frente 18, inicialmente asignado a alias “Calarcá”, resultó debilitado tras operaciones militares y estableció vínculos con la estructura de “Mordisco”.

Por su parte, el Frente 36 se fragmentó, con una parte de sus integrantes alineada con cada uno de estos mandos.
Alias “Calarcá”, de 42 años, mantiene presencia en el Meta, particularmente en Mesetas, en zonas como la vereda Santa Helena y el caserío San Isidro. También se han identificado movimientos en La Macarena y en corredores hacia Caquetá.

Su trayectoria dentro de estructuras armadas se remonta a 1999, cuando integraba las antiguas Farc-EP. Desde entonces ha ocupado distintos niveles de mando, incluyendo roles como cabecilla de escuadra, de compañía y de frente.

En 2017 asumió la jefatura del Frente 40 y, posteriormente, posiciones de coordinación dentro de estructuras disidentes.

En diciembre de 2023 fue designado como máximo responsable de la facción que actualmente lidera.
Investigaciones por filtraciones y crisis institucional.

El fortalecimiento de esta organización coincide con la divulgación de los denominados “Archivos Calarcá”, revelados en una investigación periodística que expuso presuntas filtraciones de información militar hacia esta estructura.

Los documentos sugerían acceso a comunicaciones, movimientos de tropas y otros datos estratégicos.

El caso generó investigaciones en la Dirección Nacional de Inteligencia y en el Ejército. Como resultado, se produjo la salida de Wilmar Mejía, entonces director de Inteligencia Estratégica de la DNI.

Posteriormente, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó la autenticidad del material divulgado.

Estos hechos han derivado en cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad institucional y sobre el manejo de la información en el contexto del conflicto armado y los procesos de negociación.

Expansión territorial y economías ilegales

Los reportes de inteligencia señalan que la principal concentración de esta estructura se ubica en el departamento de Caquetá, con presencia en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Puerto Rico.

También se registran operaciones en La Montañita y El Paujil, así como influencia en zonas limítrofes con el Meta.

En el Meta, considerado núcleo histórico del grupo, la organización mantiene actividad en municipios como Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa. Desde allí ha extendido su influencia hacia regiones vecinas, incluyendo el Guaviare, donde se reportan disputas por control territorial en municipios como San José del Guaviare y Miraflores.

Las autoridades indican que, paralelamente al proceso de diálogo, la organización continúa desarrollando actividades como extorsión, reclutamiento y control de economías ilegales.

Avances en la mesa de diálogo y ejecución de proyectos

Desde octubre de 2023 se han realizado siete ciclos de conversaciones entre delegados del Gobierno y representantes de esta disidencia.

El más reciente tuvo lugar en noviembre de 2025. La delegación oficial es encabezada por Gloria Cecilia Quiceno Acevedo, designada en septiembre de ese año.

Los acuerdos alcanzados incluyen iniciativas en materia social, ambiental y productiva, principalmente en zonas de influencia del grupo.

Entre estas se encuentran programas de formalización de tierras, proyectos de vivienda, servicios básicos, ganadería sostenible y educación, incluyendo la creación de un internado en el Yarí.

También se han planteado espacios de interlocución con comunidades indígenas y organizaciones campesinas.
Contraste entre acuerdos y dinámica territorial

A pesar de estos compromisos, informes de inteligencia advierten que en varias zonas los proyectos coinciden con la consolidación del control territorial de la organización. En algunos casos, se señala que las iniciativas son utilizadas para fortalecer estructuras de gobernanza paralela.

En regiones como el Yarí y San Juan de Losada, se han identificado actividades económicas promovidas por la organización, como proyectos agrícolas, que son presentados ante la población como iniciativas de desarrollo.

Sin embargo, las autoridades sostienen que estas se financian con recursos provenientes de actividades ilícitas, especialmente extorsión.

Adicionalmente, se han detectado prácticas como censos poblacionales realizados a través de juntas comunales, los cuales serían utilizados para fijar cobros extorsivos y mantener control social.

En áreas cercanas al Parque Nacional Chiribiquete, los reportes incluyen denuncias sobre deforestación asociada a la expansión de cultivos ilícitos, en contraste con los compromisos ambientales planteados en la mesa de diálogo.

De igual forma, programas de ganadería sostenible coinciden con esquemas de cobro por cada cabeza de ganado y administración de predios mediante intermediarios, lo que, según las autoridades, evidencia la superposición entre proyectos legales y economías ilegales.

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