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Ecocidio en Tenjo: denuncian tala ilegal de frailejones y árboles nativos en zona protegida
La comunidad exige respuestas tras la deforestación de 7.200 m² del Cerro de Juaica.
En Tenjo, Cundinamarca, la tala indiscriminada de frailejones y árboles nativos en el Cerro de Juaica ha encendido las alarmas ambientales. El pasado 20 de octubre, vecinos grabaron a al menos diez personas cortando especies protegidas en plena Reserva de la Cuenca Alta del Río Bogotá y del Distrito de Manejo Integrado (DMI).
Eduardo Moreno, habitante de la vereda Churuguaco Alto, aseguró que la comunidad logró detener la actividad, pero la inspección de Policía tardó casi una hora en llegar. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) cuantificó el área afectada en 7.200 m², equivalente a una cancha de fútbol profesional.
La deforestación impactó especies de páramo y altoandino como frailejón, tuno, aliso, romero, helecho, marranero y encenillo, algunas de las cuales tardan décadas en recuperarse. Mauricio Garzón, director regional de Sabana Centro de la CAR, calificó el hecho como un ecocidio.
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Investigaciones preliminares señalan que la presencia de los taladores se remonta al 7 de octubre. Anderson Calderón, representante de la Fundación Ecored, habría ingresado al área argumentando tareas de reforestación, con autorización del secretario de Desarrollo de Tenjo, Juan Carlos Vera, quien no solicitó acreditar experiencia previa de la fundación.
El contrato vinculado al municipio y a la Empresa de Servicios Públicos EmserTenjo, por COP 1.100 millones, contemplaba reforestar 20 hectáreas con 20.000 árboles nativos, pero Ecored no aparece como contratista habilitada. La comunidad cuestiona cómo se talaron árboles de hasta seis metros para plantar especies de 30 cm de altura.
El alcalde Iván Nemocón reconoció un error por no acompañar la actividad, aunque defendió la gestión ambiental del municipio y aseguró que la denuncia fue elevada a la CAR para inspección inmediata. Por su parte, el Concejo de Tenjo programó debates de control político para los días 10 y 18 de noviembre sobre el millonario contrato y la tala realizada.
La CAR suspendió preventivamente cualquier actividad en la zona y coordina acciones con Fiscalía y Policía para identificar y judicializar a los responsables. La comunidad insiste en que, a pesar de los contratos y permisos, nadie responde por el ecocidio ambiental que afectará la zona durante décadas.
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