Defensoría del Pueblo alerta por expansión del ELN y las disidencias de las Farc en Casanare

La expansión del conflicto armado desde Arauca hacia el noroccidente de Casanare encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana 027 de 2026 para advertir sobre los riesgos que enfrentan las comunidades por la disputa territorial entre organizaciones armadas ilegales.

La advertencia comprende los municipios de La Salina, Sácama y Támara, además de algunas zonas de Hato Corozal, especialmente el resguardo indígena Chaparral Barro Negro. Ante este panorama, la entidad pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales implementar acciones urgentes para proteger a la población.

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Según el informe, en esta región se enfrentan el Frente Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 28 del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La Defensoría identificó una estrategia de expansión territorial del Frente 28, que tendría el respaldo del Frente 10 y que contempla el desplazamiento de estructuras armadas y la instalación de campamentos en sectores de difícil acceso. Por su parte, el ELN estaría adelantando acciones para frenar ese avance, lo que podría aumentar los enfrentamientos y las afectaciones a las comunidades.

La ubicación de estos municipios también representa un factor de riesgo, debido a que hacen parte de corredores estratégicos que conectan a Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país. Estas rutas son utilizadas por los grupos armados para movilizar personal, transportar armas, instalar campamentos y ejercer control sobre los territorios.

Presiones económicas y control sobre las comunidades

Entre las situaciones denunciadas por la Defensoría se encuentran las exigencias económicas a comerciantes, contratistas y empresas que desarrollan actividades en la región. Estas organizaciones también estarían imponiendo cobros ilegales conocidos como 'impuestos'.

A esto se suman diferentes mecanismos de presión sobre los habitantes, como la imposición de normas de convivencia, registros en viviendas, revisión de teléfonos celulares, elaboración de censos y restricciones a la movilidad mediante confinamientos.

Estas prácticas afectan la libertad y autonomía de las comunidades, además de dificultar el desarrollo normal de sus actividades cotidianas.

Otro motivo de preocupación es la posible presencia de minas antipersonal, explosivos improvisados y municiones sin detonar en caminos rurales, terrenos agrícolas y zonas cercanas a instituciones educativas, lo que representa un peligro para habitantes, campesinos y estudiantes.

Niños, indígenas y líderes sociales entre los grupos más vulnerables

La alerta también advierte sobre el riesgo de reclutamiento, utilización y vinculación de niñas, niños y adolescentes a las estructuras armadas ilegales, incluso para participar en actividades relacionadas con las confrontaciones.

En el caso de las comunidades indígenas, la Defensoría expresó preocupación por las posibles afectaciones a la autonomía y al gobierno propio del pueblo U'wa, especialmente en los resguardos Guanu'wa Rauriu'wa, anteriormente conocido como asentamiento Kera Sikara, y Chaparral Barro Negro.

Asimismo, se identificaron amenazas contra personas firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 que adelantan procesos de reincorporación. Entre los riesgos se encuentran la intimidación, la estigmatización y el desplazamiento forzado.

La situación también afecta a lideresas y líderes de las juntas de acción comunal, así como a funcionarios públicos locales, quienes estarían expuestos a presiones y amenazas que dificultan su trabajo comunitario e institucional.

Defensoría del Pueblo presentó 28 recomendaciones

Frente a este panorama, la entidad formuló 28 recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones del Estado, con el objetivo de prevenir nuevas afectaciones y garantizar la protección de los habitantes de los municipios incluidos en la alerta.

Entre las entidades convocadas están los ministerios del Interior y de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Gobernación de Casanare y las alcaldías correspondientes.

Las medidas están distribuidas en ocho líneas de intervención que incluyen la coordinación de respuestas rápidas, la prevención de amenazas, el acceso a la justicia, la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la atención humanitaria.

También se contempla la reducción de las condiciones de vulnerabilidad social y el seguimiento de las recomendaciones por parte del Ministerio Público.

Con esta alerta, la Defensoría busca que las instituciones actúen de manera coordinada y anticipada para evitar que la disputa entre los grupos armados ilegales genere una crisis humanitaria en el noroccidente de Casanare.

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