Defensora del Pueblo cuestiona presencia de capos en tarima durante evento de paz liderado por Petro

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su inconformidad frente al evento de Paz Urbana celebrado el fin de semana en Medellín, liderado por el presidente Gustavo Petro, en el que aparecieron en tarima nueve cabecillas criminales actualmente detenidos en la cárcel de Itagüí. 

En una declaración pública, la funcionaria reiteró su respaldo al diálogo como herramienta para abordar las causas estructurales de la violencia urbana, pero subrayó que este proceso debe desarrollarse con base en el respeto al Estado de Derecho.

“Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad”, afirmó Marín, haciendo referencia a los capos alias Tom, Vallejo, Douglas, Pesebre, El Tigre, El Indio, El Saya, Albert y Juan 23.

La Defensora también advirtió que equiparar a criminales con actores políticos, especialmente en tiempos electorales, pone en riesgo la legitimidad del proceso de paz urbana. “Cuando se confunde el lugar de los responsables con los de actores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible”, señaló.

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Marín cuestionó además la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y la administración municipal de Medellín, afirmando que más allá de una simple desarticulación institucional, se percibe una rivalidad evidente. “La ciudad de Medellín no debería ser escenario de disputa entre mandatarios. La paz urbana necesita legitimidad social, institucional y moral”, agregó.

La funcionaria propuso al Ejecutivo avanzar en este proceso con tres pasos clave: activar la subcomisión de niñez y adolescencia, definir un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de los responsables de crímenes y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, especialmente jóvenes y víctimas. Asimismo, recomendó establecer un mecanismo de monitoreo para evaluar el cumplimiento de los cinco compromisos asumidos en la fase preliminar del proceso.

Finalmente, Marín reiteró la disposición de la Defensoría del Pueblo de seguir trabajando de forma armónica con el Gobierno y las autoridades locales para contribuir a la consolidación de una paz urbana con enfoque en los derechos humanos y las víctimas.

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