Corte Constitucional ordena al Gobierno fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz y justificar recortes a la ARN

La Corte Constitucional emitió el Auto 1538 de 2026 mediante el cual le ordenó al Gobierno Nacional incorporar, en un término de 30 días hábiles, una hoja de ruta con metas, cronogramas y recursos definidos para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

En la decisión, el alto tribunal reiteró que el Acuerdo de Paz constituye una política de Estado y recordó que sus compromisos deben cumplirse hasta el año 2030, independientemente de los cambios de gobierno.

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Según la Corte, aunque cada administración tiene la facultad de definir los mecanismos para ejecutar lo pactado, no puede eliminar compromisos, aplazarlos indefinidamente ni retirar la financiación necesaria para su cumplimiento.

Uno de los principales llamados de atención estuvo relacionado con la situación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

El tribunal advirtió sobre la existencia de aproximadamente 53.000 millones de pesos bloqueados, recursos que, según la alerta de la Defensoría del Pueblo, afectan el desarrollo de proyectos productivos, beneficios económicos, antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) y apoyos para traslados por razones de seguridad.

La Corte también manifestó preocupación por el proyecto de presupuesto para 2027, que contempla una reducción del 79,1% en los recursos de inversión de la entidad, por lo que ordenó al Gobierno explicar las razones que sustentan ese recorte.

En la decisión, la Corte también examinó el cumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz y concluyó que persisten bloqueos institucionales que afectan su protección. 

Según el tribunal, aunque las entidades reportan actividades, no existen pruebas suficientes de que los mecanismos estén funcionando de manera efectiva en los territorios.

Por esa razón, ordenó que en un plazo de 20 días hábiles entren en funcionamiento varias instancias contempladas en el acuerdo, entre ellas la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Asimismo, solicitó a la ARN activar el Subcomité de Seguimiento a la Reincorporación.

Los plazos establecidos por la Corte comenzarán a contarse a partir de la notificación del auto. Una vez recibidas las respuestas, el tribunal evaluará el cumplimiento de las órdenes y advirtió que, si estas son incompletas, podrá declarar el incumplimiento de sus disposiciones.

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