Daños por inundaciones en Córdoba alcanzan $3 billones y obligan a mover más de 2.000 mesas de votación

Los impactos de la temporada de lluvias en Córdoba ocuparon buena parte de la agenda de la Cumbre de Gobernadores celebrada en Montería, donde las autoridades regionales y nacionales expusieron cifras, evaluaron responsabilidades y revisaron ajustes operativos necesarios en medio del periodo electoral.

El encuentro reunió a mandatarios departamentales, delegados del Gobierno nacional y jefes de organismos de control, quienes coincidieron en que la situación demanda decisiones rápidas y coordinación permanente.

De acuerdo con el balance presentado por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, los daños derivados de las inundaciones ascienden a 3 billones de pesos, una estimación que incorpora afectaciones en infraestructura vial, vivienda, producción agropecuaria y equipamientos públicos.

Las autoridades departamentales registran 62.000 familias damnificadas, equivalentes a más de 200.000 personas en 25 de los 30 municipios del territorio. Varias zonas rurales continúan anegadas y todavía se realizan labores de verificación para actualizar el inventario de daños.

Zuleta Bechara señaló que el departamento debe sostener su actividad económica y evitar que la emergencia climática interrumpa los procesos de reactivación.

Explicó que Córdoba participará en la Vitrina Turística de ANATO y que en junio se realizará la Feria de la Ganadería, eventos que, según dijo, mantienen vigentes compromisos institucionales y comerciales que no serán suspendidos por la contingencia.

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Añadió que la presencia de gobernadores de todo el país en Montería envía un mensaje de respaldo nacional y de reconocimiento a la magnitud del fenómeno que enfrenta la región.

Durante la sesión, el procurador general, Gregorio Eljach, informó que en menos de un mes se darán a conocer las primeras decisiones disciplinarias derivadas de las investigaciones por las inundaciones.

Indicó que, aunque la intensidad de las lluvias fue determinante, existen líneas de indagación para establecer si hubo responsabilidades adicionales, entre ellas posibles fallas vinculadas a la operación de la hidroeléctrica ‘Urrá’, tema mencionado previamente por el presidente Gustavo Petro.

La situación ha tenido consecuencias directas en la organización electoral. Muchas de las familias afectadas permanecen en albergues ubicados en colegios y sedes educativas que, en condiciones ordinarias, funcionan como puestos de votación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, recorrió varias de las zonas inundadas y verificó que algunos establecimientos no podrán operar durante los comicios.

Ante esto, anunció el traslado de más de 2.000 mesas de votación en 15 puestos de la zona rural de Montería, y confirmó que también habrá cambios en puntos de Cereté y Lorica. La entidad divulgará en las próximas horas los nuevos lugares habilitados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad asociada a compra de votos, incluidas las viviendas utilizadas para estas prácticas y el transporte de dinero destinado a financiar dichas operaciones.

Aseguró que las autoridades judicializarán a quienes participen en estos esquemas y confirmó que 246.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados para la jornada electoral del 8 de marzo, en paralelo con las labores de atención a emergencias por las inundaciones.

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