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Contraloría revela graves fallas en los Planes Departamentales de Agua
Auditorías en Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre evidencian obras inconclusas, pagos sin soporte y deterioro de infraestructuras que no garantizan acceso a agua potable ni saneamiento básico.

La Contraloría General de la República reveló este miércoles graves deficiencias en la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA), luego de adelantar auditorías de cumplimiento en el primer semestre de 2025 en los departamentos de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre.
El organismo de control identificó 14 hallazgos fiscales que superan los $14.290 millones, los cuales se suman a los $259.460 millones acumulados desde 2020, cuando se creó la Delegada para el sector vivienda y saneamiento básico.
Aunque los PDA fueron diseñados como estrategia estatal para reducir las brechas en acceso a agua potable y saneamiento básico, los informes demuestran que los objetivos no se han cumplido. Las auditorías encontraron fallas en planeación, contratación y supervisión que han derivado en proyectos inconclusos y recursos sin justificación.
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En Antioquia, se registraron irregularidades por más de $8.700 millones, con obras inconclusas en Nechí y Anzá que no aseguran agua potable pese a millonarias inversiones. En Santander, los hallazgos superan los $2.200 millones, destacando la planta de tratamiento de aguas residuales de Curití con problemas estructurales y equipos sin instalar en Florián.
En Bolívar, un hallazgo por $1.433 millones reveló que la ampliación del alcantarillado en San Cristóbal no opera, a pesar de haber sido recibida y liquidada. Guainía presenta hallazgos por $1.455 millones con pagos sin soporte y contratos inconclusos, mientras que en Sucre y Guaviare las irregularidades superan los $400 millones.
El informe también advierte sobre la crisis estructural del modelo. Si bien la cobertura de acueducto urbano alcanza el 92%, en las zonas rurales apenas llega al 43,38 %, dejando a más de 10 millones de personas sin acceso formal ni seguro al servicio. En el caso del alcantarillado, la situación es aún más crítica, con una cobertura rural inferior al 16%.
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