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Captura de disidente de las Farc desata enfrentamientos entre civiles y Ejército en La Macarena
La operación fue liderada por la Fuerza de Tarea Omega y la Fiscalía en el Meta; la comunidad intentó frenar el procedimiento.

Un operativo militar y judicial adelantado en la vereda La Samaria, municipio de La Macarena (Meta), terminó en enfrentamientos entre civiles y tropas del Ejército tras la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro. El hombre es señalado de ser uno de los principales articuladores logísticos de la estructura Ever Castro, vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá Córdoba.
La acción fue desarrollada por la Fuerza de Tarea Omega y la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, durante el traslado del detenido, un grupo de campesinos y miembros de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero intentaron impedir el procedimiento, lo que derivó en un enfrentamiento con la tropa.
De acuerdo con la información oficial, Lozano enfrenta cargos por reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. Las autoridades lo consideran un actor clave en la gestión de recursos y logística dentro del bloque Jorge Suárez Briceño, donde operan otros cabecillas como Carlos Caliche, Argemiro y Faiber Guerrero.
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El general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, rechazó las agresiones contra las tropas y reiteró que la captura se efectuó en cumplimiento de órdenes judiciales. “Nuestras tropas fueron asonadas por campesinos, algunos identificados con chalecos de la Guardia Ambiental Campesina del Losada Guayabero. Rechazamos estas vías de hecho”, manifestó.
La Defensoría del Pueblo había advertido desde 2024 sobre la situación en el corredor Meta–Caquetá, señalando riesgos de extorsiones, amenazas y reclutamiento forzado por parte de la estructura Ever Castro. Comerciantes de La Julia y La Macarena también denunciaron recientemente la circulación de panfletos firmados por Carlos Caliche, en los que se les obliga a asistir a reuniones bajo amenaza de multas extorsivas de hasta cinco millones de pesos.
Estos hechos, sumados a desplazamientos, homicidios y atentados, reflejan la vulnerabilidad de las comunidades en la región, donde la disputa de las disidencias por el control territorial continúa afectando directamente a la población civil.
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