Publicidad
Publicidad
Gobierno deja listo decreto de emergencia económica tras caída de la reforma tributaria
El Ejecutivo busca recaudar $16 billones vía estado de excepción; gremios advierten riesgos constitucionales.
El Gobierno nacional dejó firmado el decreto de emergencia económica con el que busca cubrir el faltante presupuestal de 2026, luego del archivo de la ley de financiamiento en el Congreso. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rueda de prensa realizada el 20 de diciembre.
Según Benedetti, el decreto ya cuenta con la firma de todos los ministros y debió haberse radicado un día antes. La medida se impulsa tras el hundimiento de la reforma tributaria, que era clave para completar el Presupuesto General de la Nación del próximo año.
El funcionario aseguró que la emergencia económica no implicará aumentos de impuestos para los sectores más vulnerables. De acuerdo con su explicación, la iniciativa apunta a gravar a los contribuyentes de mayores ingresos. “Se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos”, afirmó, al responder críticas de sectores empresariales y de la oposición.
Lea también: (Avanza plan de apoyo a las asociaciones pesqueras a través de talleres del consorcio Pez Total)
Benedetti sostuvo que, sin una fuente adicional de recaudo, el país enfrenta dificultades para cumplir con el pago de la deuda pública. Advirtió que el incumplimiento elevaría el riesgo ante la banca internacional y presionaría al alza los bonos soberanos.
El ministro también señaló que la falta de recursos impactaría la financiación de obras de infraestructura, en particular los proyectos viales de cuarta generación. Explicó que, si los recursos actuales se destinan al pago de la deuda, no habría margen para invertir en nuevas obras.
Desde el Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la emergencia económica busca un recaudo cercano a los $16 billones, monto equivalente al que se esperaba obtener con la reforma tributaria archivada por las comisiones económicas del Congreso.
Ávila precisó que el desfinanciamiento del presupuesto asciende a $16,3 billones y que el objetivo del decreto es recuperar esos recursos para garantizar la ejecución del gasto público en 2026.
La iniciativa ha generado alertas en el sector privado. Fenalco, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, solicitó a la Corte Constitucional ejercer un control preventivo y riguroso sobre el decreto, ante los efectos inmediatos que producen las medidas adoptadas bajo estados de excepción.
El dirigente gremial advirtió que los decretos legislativos pueden consolidar situaciones jurídicas difíciles de revertir, incluso si posteriormente son declarados inexequibles. También alertó sobre impactos negativos en la seguridad jurídica y la confianza económica.
Fenalco sostuvo que el archivo de la reforma tributaria no cumple, por sí solo, los requisitos constitucionales para declarar una emergencia económica. A su juicio, usar este mecanismo como respuesta a una decisión del Congreso afectaría la separación de poderes.
Mientras el Gobierno avanza en la formalización del decreto, el debate se traslada ahora al terreno jurídico y constitucional, donde se evaluará si la declaratoria cumple los estándares exigidos para un estado de excepción.
Otras noticias
Etiquetas