Camacol culpa al Gobierno por el encarecimiento de la vivienda VIS y advierte riesgos para la oferta en 2026

La relación entre el Gobierno nacional y el sector constructor comenzó 2026 con nuevas tensiones. Esta semana, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) volvió a encender las alarmas sobre los efectos que tendría el aumento del salario mínimo en el mercado de la vivienda de interés social (VIS), justo cuando el Ejecutivo prepara decretos para desindexar algunos precios atados al mínimo legal.

El debate se da en un contexto sensible. La VIS es la principal vía de acceso a vivienda propia para miles de familias de ingresos bajos y medios, y su precio máximo está definido en salarios mínimos. Mientras el Gobierno ha acusado a las constructoras de elevar artificialmente los valores de los inmuebles, el gremio sostiene que el origen del problema está en decisiones oficiales.

En entrevista con Blu Radio, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, afirmó que “este rollo lo armó el mismo Gobierno”, al referirse al impacto del incremento del salario mínimo, que —según el sector— superó la productividad y la inflación, generando presiones directas sobre los costos de construcción.

Herrera calificó como “inaceptable” que el presidente Gustavo Petro haya señalado a los constructores de estafar a los compradores. Aseguró que los precios no se fijan de manera arbitraria y recordó que los topes de la vivienda VIS están definidos por el propio Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo.

“El incremento del salario mínimo genera un problema económico muy grande que se llama más inflación”, explicó el dirigente gremial. Según Camacol, la mano de obra representa cerca del 25 % del costo directo de una obra, por lo que una subida abrupta del salario mínimo impacta de forma significativa la estructura de costos del sector.

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Desde el gremio también se insiste en que el aumento del salario mínimo no se traduce automáticamente en mayores precios de venta. Herrera señaló que el efecto depende del estado de cada proyecto y de las condiciones pactadas al momento de la comercialización. En el caso de proyectos próximos a entrega, el impacto sería menor, mientras que los nuevos desarrollos enfrentarían mayores presiones.

No obstante, Camacol advirtió que un proyecto nuevo podría registrar incrementos de costos entre el 10 % y el 15 %, al sumar el efecto de la mano de obra y los insumos. Este escenario, según el gremio, pone en riesgo la viabilidad financiera y desincentiva el lanzamiento de nuevas iniciativas de vivienda social.

La preocupación también se extiende a la demanda. De acuerdo con cifras del sector, durante 2025 unas 25.000 familias desistieron de comprar vivienda, en buena parte por la suspensión del programa Mi Casa Ya. A ello se suma el posible aumento de las tasas de interés, un factor que podría excluir a más hogares del mercado.

“A ningún constructor le interesa que las familias desistan”, afirmó Herrera, quien reiteró que el mayor riesgo es una caída en la nueva oferta de vivienda VIS. Mientras tanto, el sector permanece a la expectativa de los decretos de desindexación que prepara el Gobierno, en medio de un debate que, según Camacol, apenas comienza.

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