Alias “Calarcá” habría ordenado asesinatos y reclutamiento de menores en medio de diálogos con el Gobierno

Nuevas revelaciones agravan la polémica en torno a las disidencias de las Farc lideradas por Alexander Díaz, alias “Calarcá”, tras la publicación de chats que evidenciarían la orden de cometer asesinatos y el reclutamiento forzado de menores en pleno desarrollo de diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los mensajes, conocidos tras una investigación divulgada por Noticias Caracol, hacen parte de un expediente reabierto por la Fiscalía General de la Nación. En ellos se documentarían acciones ilegales ejecutadas paralelamente a las conversaciones de paz sostenidas entre delegados del Gobierno y miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf).

Uno de los chats, fechado el 6 de enero de 2024 —cuando estaba vigente un cese al fuego—, muestra cómo alias “Calarcá” habría ordenado el asesinato de un excombatiente y firmante del acuerdo de paz, identificado como Juan Gabriel Hurtado Betancour. En la conversación, dirigida a un presunto sicario conocido como alias “Chalá”, se lee la instrucción: “Mátenlo y lo dejan por ahí, que lo recojan”.

De acuerdo con la investigación, el crimen se habría ejecutado poco después, y existen registros visuales del momento previo al asesinato que reposan en el expediente judicial.

Los chats también incluirían detalles sobre el reclutamiento forzado de una menor de 14 años en el municipio de Uribe, Meta, lo que refuerza las denuncias sobre la continuidad de prácticas ilegales por parte de estructuras armadas en medio de procesos de negociación.

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Estos hallazgos se suman a los hechos ocurridos el 23 de julio de 2024, cuando una caravana en la que se movilizaban siete jefes de las disidencias fue detenida por el Ejército en un retén en Anorí, Antioquia. Durante la inspección, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos que contenían información sobre presuntos delitos atribuidos al grupo.

Pese a ello, los capturados fueron dejados en libertad por orden de la Fiscalía, que los reconoció como “gestores de paz”, lo que, según la entidad, impedía su detención en ese momento.

El caso vuelve a poner en el centro del debate los alcances y riesgos de los procesos de negociación con grupos armados ilegales, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de los compromisos y la verificación de conductas durante los ceses al fuego.

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