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Alertan grave crisis humanitaria por paro armado del ELN en Bajo Baudó
Defensoría del Pueblo advierte confinamiento, restricciones en salud y educación, y riesgos para más de 25 comunidades en el Chocó.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente por las graves afectaciones a la población civil tras el paro armado indefinido decretado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó.
La medida, anunciada por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla e iniciada en la madrugada del martes 17 de marzo, ha generado un escenario de alto riesgo para los habitantes de zonas urbanas y rurales, especialmente en las cuencas del río Docampadó y otros afluentes del suroriente del Chocó.
Según la entidad, el paro armado impacta directamente a 25 comunidades —16 afrocolombianas y 9 indígenas— que suman más de 6.000 personas, consideradas sujetos de especial protección constitucional.
Uno de los efectos más críticos es el confinamiento de las comunidades, lo que ha limitado la movilidad por corredores fluviales y ha dificultado el acceso a alimentos básicos. La situación también ha interrumpido servicios esenciales como la atención en salud y la asistencia a clases de niños, niñas y adolescentes.
Además, las misiones humanitarias enfrentan restricciones para ingresar a las zonas afectadas, lo que agrava la crisis y aumenta la vulnerabilidad de las familias.
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La Defensoría recordó que, en el marco del derecho internacional humanitario, todos los actores armados están obligados a respetar y proteger a la población civil, por lo que las amenazas, intimidaciones y bloqueos que impidan el acceso a bienes esenciales constituyen una violación a estas normas.
En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades y organismos de seguridad para adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección de las comunidades afectadas.
Asimismo, instó al ELN a levantar de manera inmediata el paro armado y a respetar los principios del derecho internacional humanitario, especialmente la protección de la población civil.
La entidad concluyó que los derechos de los pueblos étnicos del Chocó deben prevalecer, advirtiendo que ninguna comunidad puede quedar atrapada en medio de las dinámicas del conflicto armado.
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