Contraloría alerta riesgo de racionamiento y alza en tarifas de energía y combustibles en Colombia

La Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta sobre el riesgo de racionamientos energéticos y aumento en los precios de la energía y los combustibles en el país, debido a fallas estructurales en el almacenamiento, abastecimiento y ejecución de proyectos estratégicos.

La advertencia se desprende del estudio sectorial “Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030”, presentado este 18 de marzo en Bogotá, en el que se analizan los sectores de gas, electricidad y combustibles líquidos.

El informe señala que persisten cuellos de botella regulatorios, retrasos en proyectos clave y debilidades institucionales que impiden materializar inversiones necesarias, lo que compromete la seguridad energética, la estabilidad de tarifas y la protección de los recursos públicos.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra reiteró el llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes que eviten escenarios de desabastecimiento, recordando advertencias previas sobre la disminución de la oferta energética y la falta de ejecución de proyectos.

En materia de gas natural, el estudio evidencia una reducción significativa en la disponibilidad para la venta. En 2024, solo el 67 % del gas extraído fue comercializado, lo que obligó al país a importar gas natural licuado por primera vez para cubrir la demanda interna.

Además, las reservas probadas han disminuido, reduciendo el horizonte de autosuficiencia a 5,9 años para gas y 7,2 años para petróleo. A esto se suma la falta de infraestructura de regasificación, especialmente en el Pacífico, y la ausencia de redundancias en el sistema de transporte, lo que eleva el riesgo de desabastecimiento desde 2026.

El informe también advierte que la creciente dependencia de importaciones —como en el caso de la gasolina, cuyo 40 % proviene del exterior— podría presionar aún más los precios internos y obliga a replantear la política de subsidios a los combustibles.

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En el sector eléctrico, aunque se han logrado avances en cobertura, aún existen más de 1,3 millones de viviendas sin acceso al servicio, y persisten brechas en la calidad, especialmente en zonas rurales. Cerrar estas brechas requeriría inversiones superiores a 32 billones de pesos.

Asimismo, el documento resalta la necesidad de fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico, mediante soluciones como el almacenamiento de energía con baterías y la aceleración de proyectos estratégicos, entre ellos Hidroituango.

La Contraloría también advirtió que la actual coyuntura internacional, marcada por conflictos como el de Rusia y Ucrania y las tensiones en Medio Oriente, incrementa la volatilidad de los mercados energéticos, lo que hace aún más urgente que Colombia fortalezca su soberanía energética y reduzca su dependencia externa.

Finalmente, el ente de control insistió en que la planeación energética debe articular de forma efectiva la expansión de cobertura con garantías reales de abastecimiento, con el fin de evitar racionamientos, contener el alza de tarifas y proteger a los usuarios.

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