Alerta en la región: disputas armadas de ilegales y uso de drones ponen en riesgo a niños e indígenas en zona de Nariño

En razón al riesgo de hechos que pueden afectar a la comunidad a causa de la confrontación armada y el uso de drones, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, Nariño.

El escenario de peligro se divide principalmente en dos dinámicas: la primera, la disputa territorial por el control del corredor vial de Guambuyaco, un eje estratégico que conecta diversas subregiones y facilita la movilidad de tropas y rentas ilícitas.

En esa zona, el Frente Franco Benavides (del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del disidente Estado Mayor Central) adelanta un proceso de expansión que choca con el control hegemónico y la coexistencia que mantienen los Comuneros del Sur (grupo disidente de la guerrilla del ELN) y el grupo de crimen organizado Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

La segunda dinámica, de extrema gravedad, es el uso recurrente de sistemas aéreos no tripulados (drones), modificados con explosivos, y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, como la Alcaldía de El Peñol.

Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes.

Por ende, la Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias. A la fecha, han sido reportadas afectaciones de civiles por ataques con explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias, que incluye población indígena (hecho que ocurrió en diciembre del año anterior).

Los grupos armados ilegales ejercen una fuerte gobernanza armada mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de pautas de conducta, a través de WhatsApp y panfletos, y la coacción para organizar "guardias campesinas" que se interpongan ante las acciones de la fuerza pública.

Riesgo alto para grupos vulnerables

Las niñas, niños y adolescentes (NNA) están expuestas al reclutamiento forzado, uso y utilización, así como a los efectos de combates y explosiones cerca de entornos escolares y centros de desarrollo infantil.

También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas.

Para el caso de las y los habitantes rurales y campesinos, están siendo afectados por la contaminación de sus territorios con minas antipersonal (MAP) y restricciones a la movilidad. Y servidoras y servidores públicos y transportadores han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y ataques directos contra las infraestructuras donde desempeñan sus labores.

Zonas en peligro

Los lugares en los que la Defensoría del Pueblo advierte riesgo son el casco urbano de El Tambo y los corregimientos San Pedro (veredas Aminda, Cascajal Bajo, Cafelina, Chagraurco, Los Limos, San Pablo Bajo y San Pedro) y El Azogue (veredas Pueblo Viejo, Ovejera, Azogue y La Cocha).

Igualmente, el casco urbano de El Peñol y los corregimientos Las Cochas (veredas Guayabal, Humero, Cajabamba, Torrecilla y Las Cochas), El Peñol Centro (veredas Charguayaco, Perejil, Molinoyaco y La Cuchilla), Peñol Viejo (vereda Peñol Viejo) y La Toma (veredas Guayabillo, Papao, Nuevo Peñol y La Toma).

Finalidad de la Alerta Temprana de Inminencia

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha formulado en su ATI un total de 16 recomendaciones, todas dirigidas a diferentes entidades del orden nacional y territorial.

Las recomendaciones instan al Ministerio del Interior [a través de su Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat)] a coordinar una respuesta rápida; al Ministerio de Defensa, a implementar estrategias antidrones y desminado militar; a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a fortalecer las medidas de seguridad para lideresas y líderes sociales, comunidades étnicas y menores de edad.

A la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, a verificar que estén siendo cumplidos los acuerdos especiales de desminado y no reclutamiento de NNA en El Peñol y El Tambo; a la gobernación de Nariño, disponer de recursos financieros y asistencia técnica para que los dos municipios puedan implementar proyectos de prevención.

A la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, del Ministerio de Interior, a garantizar el fortalecimiento organizativo y gobierno propio de los pueblos indígenas; a la Fiscalía General de la Nación, a fortalecer los procesos investigativos de hechos punibles contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales e indígenas, e identificar a los responsables.

La Defensoría del Pueblo solicita a las autoridades responsables actuar bajo una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) para mitigar lo que está ocurriendo.

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