Imágenes evidencian minería ilegal que ha devastado zonas del páramo de Santurbán

Una imagen captada en el páramo de Santurbán dejó en evidencia el impacto de la minería ilegal de oro sobre este ecosistema estratégico, del cual dependen más de dos millones de personas para el abastecimiento de agua en Santander y Norte de Santander.

La fotografía muestra una bocamina ubicada a más de 3.000 metros de altura, en jurisdicción del municipio de California, donde se ha consolidado una explotación que, según reportes periodísticos, ha afectado cerca de 300 hectáreas en los últimos años. En la zona se han identificado más de 200 entradas a socavones, inicialmente abiertas por mineros tradicionales, pero que actualmente también son utilizadas por personas provenientes de distintas regiones del país.

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De acuerdo con estimaciones previas de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la minería ilegal en la provincia de Soto Norte podría generar utilidades mensuales cercanas a los 26.000 millones de pesos. Incluso, se ha documentado que algunos socavones han alcanzado producciones de hasta 10 kilos de oro en una semana, lo que representaría ingresos millonarios en cortos periodos.

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El acceso a estas zonas implica recorridos complejos por vías de difícil tránsito, en condiciones climáticas adversas. Habitantes del sector han señalado un flujo constante de motocicletas y la presencia de trabajadores, entre ellos menores de edad, vinculados a estas actividades extractivas.

Esta situación se presenta en medio del proceso de delimitación del páramo de Santurbán, que lleva varios años en curso tras una orden de la Corte Constitucional. Mientras se define un nuevo esquema de protección, el Ministerio de Ambiente mantiene vigente una resolución que prohíbe temporalmente la explotación de oro y plata en una amplia zona de Soto Norte.

No obstante, la medida coexiste con decenas de títulos mineros vigentes dentro del área protegida, lo que ha generado tensiones entre la conservación ambiental, la actividad económica y la regulación estatal.

Autoridades ambientales y entidades gubernamentales continúan evaluando la situación, mientras avanzan los espacios de concertación con comunidades locales para definir el futuro de este ecosistema de alta montaña.

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