Alcalde de Miranda cuestiona eficacia de restricciones tras atentados en el Cauca: "No son la solución"

El municipio de Miranda, en el norte del Cauca, vive una tensa calma tras la reciente ola de ataques terroristas que ha golpeado al suroccidente colombiano. Aunque en las últimas horas no se han registrado nuevos hechos violentos, las declaraciones del alcalde local, Walter Zúñiga, han puesto en el centro del debate la efectividad de las medidas administrativas adoptadas por el Gobierno nacional y regional para contener la crisis de orden público.

Tras los atentados, que incluyeron la quema de vehículos de carga y hostigamientos en zonas rurales, las autoridades implementaron un paquete de restricciones que incluye la ley seca, la prohibición del parrillero en motocicletas y el cierre anticipado de establecimientos comerciales. Si bien el mandatario reconoció que estas acciones ayudaron a recuperar la tranquilidad momentánea, fue enfático en señalar que se trata de respuestas insuficientes.

“Tal vez no sea la mejor medida… no soluciona la situación”, afirmó Zúñiga, quien manifestó su frustración ante una dinámica que considera repetitiva: la imposición de medidas de emergencia cada vez que ocurre una tragedia, sin que se produzcan cambios estructurales en la seguridad del departamento. Para el alcalde, estas restricciones afectan la vida cotidiana y la economía local sin neutralizar la amenaza real de los grupos armados ilegales que operan en la zona.

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Zúñiga también se refirió a las limitaciones del Estado en territorios con alta presencia de estructuras criminales. “No se puede colocar un policía y un soldado para cada ciudadano”, advirtió, subrayando que la capacidad institucional es superada por la magnitud del conflicto en el Cauca. En ese sentido, hizo un llamado a la solidaridad y al autocuidado de la población, aunque admitió que el miedo ya había obligado a los habitantes a resguardarse incluso antes de que las medidas oficiales entraran en vigor.

Mientras tanto, en el resto del departamento, las labores forenses continúan. Equipos de Medicina Legal trabajan en la identificación de las víctimas del atentado en Cajibío, una labor que se desarrolla en medio del duelo colectivo y la exigencia de las comunidades para que el Estado pase de las restricciones temporales a una presencia integral y permanente en los territorios.

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