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104 municipios bajo especial vigilancia con miras a las elecciones 2026
Las autoridades buscan anticiparse a delitos electorales y garantizar comicios seguros y transparentes.

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación presentaron un plan articulado para proteger el proceso electoral de 2026. El esquema, que combina prevención, investigación y vigilancia institucional, busca reducir los riesgos en 104 municipios identificados como zonas de especial atención por posibles amenazas a la seguridad electoral.
De acuerdo con las autoridades, el plan se basa en un mapa de prevención elaborado con información de 15 entidades del Estado y sustentado en 36 variables de riesgo. Este análisis permitirá anticipar irregularidades y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales delitos electorales.
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, explicó que la estrategia incluye esquemas de protección para candidatos y equipos de investigación criminal. “Estamos implementando acciones para mitigar los riesgos en los municipios con mayor vulnerabilidad y conformamos un grupo especializado de 150 investigadores que atenderá cualquier eventualidad relacionada con delitos electorales”, detalló.
El procurador general Gregorio Eljach, por su parte, subrayó que la institución desplegará un amplio operativo de vigilancia con presencia en todo el territorio. “En cada región hay procuradores y equipos de instrucción y juzgamiento, apoyados por las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo. Queremos llegar primero con pedagogía y prevención, y finalmente garantizar la transparencia en el día de las votaciones”, explicó.
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Eljach señaló además que el propósito es asegurar la presencia del Ministerio Público en la mayoría de los puestos de votación del país. “Buscamos ofrecer tranquilidad a los ciudadanos y entregar resultados legítimos, con participación libre y consciente”, sostuvo.
Con esta estrategia interinstitucional, las autoridades esperan anticiparse a los riesgos electorales, proteger a los aspirantes y reforzar la confianza ciudadana en las próximas elecciones, en un contexto en el que la transparencia será determinante para la estabilidad democrática.
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