Presupuesto 2026 aumentaría gasto político y recortaría fondos a la Defensoría del Pueblo

El debate del Presupuesto General de la Nación para 2026 ha dejado al descubierto asignaciones con incrementos considerables para ciertos órganos del Estado. Mientras entidades como DAPRE, el Congreso y la Procuraduría reciben aumentos significativos, la Defensoría del Pueblo —vital para la protección de derechos— enfrenta un recorte dramático en inversión. 

Los incrementos más críticos se presentan en el DAPRE, donde se propone un incremento de 289 mil millones de pesos en su presupuesto; en la Procuraduría General de la Nación a la cual se asignan 587 mil millones más, y en el Congreso de la República cuyo aumento es de 80 mil millones de pesos respecto al presupuesto anterior. En total, estas tres asignaciones suman casi un billón de pesos adicional destinadas a gasto institucional, que críticos califican como gasto político más que inversión eficiente.

El monto global de la ponencia para el Presupuesto 2026 se mantiene alrededor de $556,9 billones de pesos. No obstante, el documento de presupuesto ha generado críticas por asignaciones que parecen favorecer instituciones con mayor peso político, en medio de un déficit fiscal creciente.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó que el proyecto de ponencia recorta aún más los recursos de la entidad para 2026. De aprobarse tal cual, la Defensoría tendrá 47,3 % menos de presupuesto de inversión que en 2024, el cual afectará de manera severa su presencia territorial, su capacidad misional y el cumplimiento de funciones de promoción y defensa de derechos humanos.

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Marín cuestionó a través de su cuenta de X: “¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?” y destacó que la medida resulta “por lo menos desconcertante”.

Además, la Defensoría alerta que el recorte implicaría 59.530 millones de pesos menos respecto al presupuesto base de 2025, lo que representa un 5 % menos en ingresos generales. En lo que respecta al presupuesto de inversión, la reducción sería de ronda del 30 % frente al de 2025.

Marín añadió que este sería el segundo año consecutivo con recortes; en 2023‐2024 la entidad ya había recibido menos de lo solicitado, y para 2025 el recorte fue de 6,9 %, mientras que para 2026 se plantea un recorte del 11,2 % frente a lo originalmente pedido.

El recorte, dijo la Defensora, se presenta justo en un momento crítico: cuando organismos internacionales vienen disminuyendo su apoyo ante la reducción de cooperación internacional. “Con la reducción de la capacidad misional de la Defensoría, la presencia y acompañamiento humanitario seguirá disminuyendo en todo el país”, especialmente en zonas golpeadas por la violencia y en un año electoral, advirtió Marín.

Los efectos visibles que la Defensoría prevé son múltiples:

• Disminución fuerte en el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas
• Disminución o cierre de casas de los derechos en zonas sensibles
• Menor capacidad de atención a víctimas del conflicto armado y a defensores de derechos humanos
• Reducción en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
• Menos acompañamiento psicojurídico, menos seguimiento al derecho a la salud
• Reducción de estrategias de prevención del reclutamiento infantil y acompañamiento a las juventudes
• Limitaciones en la implementación del Acuerdo de Escazú
• Dificultad mayor para apoyar población migrante y refugiada con necesidad de protección internacional
• Disminución del apoyo al sistema penitenciario
• Imposibilidad de obras de infraestructura necesarias, sedes en zonas de riesgo, atención integral en territorio

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