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Uribe rechaza consulta popular del gobierno Petro y advierte riesgos para el empleo

El expresidente aseguró que la iniciativa “le da muy poco a los trabajadores” y propuso alternativas que, según él, generarían más garantías para empleados y empresarios.

Álvaro Uribe Vélez 29
Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 11/05/2025 - 19:00 Créditos: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su rechazo a la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo contenido será debatido esta semana en el Senado. Durante un evento en Rionegro, Antioquia, Uribe calificó la iniciativa como “engañosa” y afirmó que sus efectos serían perjudiciales para el empleo formal y las familias colombianas.

Uribe cuestionó que la propuesta “le da muy poco a los trabajadores” y criticó el enfoque del Gobierno, al considerar que plantea el debate como un conflicto entre quienes apoyan o se oponen a los derechos laborales. Según el exmandatario, “hay propuestas mejores” que permitirían proteger tanto a los trabajadores como a la sostenibilidad de las empresas.

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El líder del Centro Democrático citó cifras de Fedesarrollo para sustentar sus observaciones, destacando que Colombia tiene una alta carga de recargos laborales, lo que afecta la contratación. Afirmó que aunque la propuesta del Gobierno representaría un beneficio anual de $370.000 para 7,1 millones de trabajadores, implicaría un incremento de más del 60 % en los costos de nómina para las empresas, con una posible pérdida de hasta 451.000 empleos.

A través de su cuenta en X, Uribe presentó tres críticas adicionales a la política laboral del Gobierno. Primero, señaló que la informalidad alcanzó el 57,8 %, con un aumento de más de 950.000 personas en el último año. Segundo, advirtió sobre el éxodo de jóvenes en edad productiva, y tercero, denunció que la reforma a la salud ha generado dificultades en el acceso a medicamentos, trasladando esa carga económica a los trabajadores o empleadores.

Frente a este panorama, Uribe hizo un llamado a construir propuestas laborales “realistas” que no comprometan la estabilidad económica ni la generación de empleo formal. Por su parte, el Gobierno ha defendido la consulta popular como un mecanismo legítimo para ampliar el debate ciudadano sobre las reformas sociales propuestas.

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