UNP revela que esquema de Juliana Guerrero costó $739 millones y Timochenko tiene 16 escoltas

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Fabián Blanco Rodríguez, reveló este martes 29 de septiembre nuevos detalles sobre el funcionamiento de los esquemas de seguridad financiados por el Estado, entre ellos el costo de la protección asignada a Juliana Guerrero, el número de vehículos y escoltas destinados a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y las dificultades que enfrenta la entidad para recuperar automotores que continúan en poder de exministros, excongresistas y exfuncionarios.

Las declaraciones fueron entregadas durante un debate de control político realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a la que Blanco fue citado para responder, entre otros asuntos, por las necesidades presupuestales de la UNP para la vigencia de 2027 y por el funcionamiento de los programas de protección.

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Uno de los principales datos entregados por el funcionario estuvo relacionado con Juliana Guerrero, quien contó con protección estatal durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y cuyo esquema fue posteriormente retirado por la nueva administración de la UNP.

Blanco informó que el esquema de Guerrero tuvo un costo para el Estado de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.

“Juliana Guerrero: 739 millones de pesos costó el esquema de Juliana entre marzo de 2025 y septiembre de 2026”, señaló el director ante los integrantes de la Comisión Segunda.

La cifra corresponde a cerca de 18 meses de protección y se conoce después de que la nueva dirección de la entidad emprendiera una revisión de varios esquemas concedidos durante la administración anterior.

Guerrero había recibido protección después de que su situación fuera evaluada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem). En 2025 fue clasificada con nivel de riesgo extraordinario y recibió un vehículo blindado y dos personas de protección.

La asignación del esquema terminó convirtiéndose en objeto de cuestionamientos y actualmente hace parte de las actuaciones que adelanta la Procuraduría para establecer las circunstancias en las que fueron concedidas medidas de seguridad a Guerrero y a Gabriela Muñoz.

Tras asumir la dirección de la UNP, Blanco ordenó revisar varios esquemas y la entidad determinó retirar las medidas de protección de Guerrero. La decisión se produjo después de una nueva evaluación sobre las condiciones que justificaban la permanencia de la seguridad financiada por el Estado.

Durante el debate también salió a relucir el esquema asignado a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, último comandante de las extintas Farc y actual presidente del partido Comunes.

Según informó Blanco ante los representantes, Londoño cuenta actualmente con seis vehículos blindados y 16 hombres destinados a su protección.

El director explicó además que Londoño había solicitado ampliar las medidas que tiene asignadas. Sin embargo, tras el análisis correspondiente, la solicitud no fue implementada.

La dimensión del esquema fue uno de los asuntos planteados durante la sesión debido al número de vehículos y hombres de protección que permanecen destinados al dirigente de Comunes.

Las medidas de seguridad de Londoño están relacionadas con su condición de antiguo integrante de las Farc, firmante del Acuerdo de Paz y dirigente político. Los esquemas de protección de exintegrantes de esa organización y miembros del partido surgido después de la firma del acuerdo tienen disposiciones particulares derivadas de los compromisos establecidos en materia de garantías de seguridad.

Blanco también explicó ante los congresistas que la UNP tiene alrededor de 12.000 personas bajo diferentes modalidades de protección, pero precisó que esa cifra no significa que cada beneficiario disponga de camionetas blindadas y grupos de escoltas.
Las medidas, explicó, dependen de los estudios de riesgo y pueden ir desde la entrega de elementos de protección hasta dispositivos de mayor capacidad.

Una persona protegida puede contar, según las condiciones determinadas en cada caso, con un chaleco blindado, medios de comunicación, subsidios de transporte, hombres de protección, vehículos convencionales o automotores blindados.

Otro de los problemas expuestos por el nuevo director está relacionado con los vehículos que la UNP debe recuperar después de terminar los esquemas de algunos beneficiarios.

Blanco aseguró que varios excongresistas, exministros y exfuncionarios continúan teniendo vehículos que deberían regresar a la entidad.

“Algunos congresistas se llevaron los vehículos; no los han entregado. Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos y no los han entregado”, manifestó el funcionario durante su intervención.

El director explicó que esta situación ha generado dificultades para implementar medidas de seguridad a otras personas que deben recibir protección.

Según Blanco, el proceso de transición dentro de la entidad no ha sido sencillo precisamente por la necesidad de recuperar automotores y reorganizar los recursos disponibles.

“Por eso, a algunas personas no se les ha podido implementar”, señaló al referirse a los vehículos que todavía no han sido restituidos.

La situación ocurre después de que la nueva administración iniciara una revisión de los esquemas concedidos durante el gobierno anterior. Entre las decisiones conocidas durante las últimas semanas está el retiro de medidas de protección a varios exfuncionarios, activistas y personas vinculadas políticamente con sectores del petrismo.

Entre quienes fueron objeto de decisiones de retiro aparecen exministros y exfuncionarios de la administración Petro, además de personas como Guerrero, Gabriela Muñoz, Beto Coral y Levy Rincón. Cada caso está sujeto a los procedimientos administrativos y a las evaluaciones individuales de riesgo correspondientes.

La UNP también ha revisado los esquemas de antiguos integrantes del gabinete de Gustavo Petro. Entre los nombres conocidos están los de los exministros Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo, Antonio Sanguino, Germán Ávila, Yesenia Olaya, Diana Morales y Rosa Yolanda Villavicencio, además de otros exfuncionarios.

Las determinaciones sobre estos esquemas no implican automáticamente que una persona deje definitivamente de ser objeto de protección, debido a que las decisiones pueden ser recurridas y la permanencia de las medidas depende de la evaluación individual del riesgo.

Durante la sesión, Blanco también tuvo que responder preguntas de representantes del Centro Democrático relacionadas con publicaciones que hizo durante la pasada campaña presidencial.

Los congresistas Pedro Alejandro Murcia Lamprea, Manuel Alexander Pérez y Jonathan Fernando Pineda cuestionaron al funcionario por mensajes en los que se había referido a integrantes de esa colectividad como “fresas” y “tibios” y había planteado que algunos podrían terminar respaldando a Iván Cepeda.

Blanco ofreció disculpas por esas expresiones y explicó que correspondieron al contexto de la campaña política.
El director sostuvo que esas posiciones no representan la manera como ejercerá sus funciones al frente de la Unidad Nacional de Protección y aseguró que la obligación institucional consiste en garantizar la protección de las personas independientemente de su orientación política.

Blanco asumió la dirección de la UNP a finales de agosto de 2026, luego de ser posesionado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, en reemplazo de Augusto Rodríguez, quien estuvo al frente de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro.

Desde su llegada, la nueva dirección anunció una revisión de los esquemas existentes con el propósito de determinar cuáles mantienen las condiciones de riesgo que justificaron su asignación y cuáles deben ser modificados o retirados.

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