¿Mujeres pensionándose a los 62 años? Presidente de la Corte Suprema plantea igualar la edad con los hombres

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, propuso abrir en Colombia la discusión sobre un aumento de la edad de pensión de las mujeres para igualarla con la establecida para los hombres, en medio de los cambios demográficos, el aumento de la expectativa de vida, la reducción de la natalidad y las dificultades de financiación que enfrenta el sistema pensional.

El planteamiento del magistrado no implica una modificación de las normas vigentes ni corresponde a una decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, la edad general para acceder a la pensión de vejez en Colombia se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

La última modificación de esas edades comenzó a aplicarse en 2014, como consecuencia de lo establecido previamente en la Ley 797 de 2003. Antes de ese cambio, las mujeres podían pensionarse a los 55 años y los hombres a los 60.

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Lenis planteó que una de las alternativas que debería entrar en la discusión sobre la sostenibilidad del sistema consiste en retrasar el momento a partir del cual comienzan a pagarse las pensiones, en lugar de aumentar las semanas de cotización exigidas o incrementar el porcentaje que trabajadores y empleadores destinan a los aportes.

“El aumento de la expectativa de vida aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad”, señaló el presidente de la Corte Suprema.

El magistrado reconoció que elevar la edad de jubilación puede generar rechazo entre los ciudadanos, pero sostuvo que el asunto debe analizarse frente a las transformaciones demográficas y las obligaciones financieras que deberá asumir el sistema durante las próximas décadas.

Uno de los puntos de su planteamiento está relacionado con la diferencia de cinco años que existe actualmente entre la edad de pensión de las mujeres y la de los hombres. Lenis consideró que debería discutirse la posibilidad de eliminar esa diferencia.

“Para avanzar en la equidad, las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres”, manifestó.
El presidente de la Corte Suprema indicó, sin embargo, que una discusión de esta naturaleza debe considerar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral y las responsabilidades de cuidado que recaen principalmente sobre ellas.

Según explicó, las diferencias en las edades y en las semanas requeridas para pensionarse también pueden tener consecuencias sobre el monto de las mesadas. Las personas con trayectorias laborales más cortas o interrumpidas acumulan menos aportes, situación que puede reflejarse posteriormente en menores ingresos durante la vejez.

En ese contexto, Lenis se refirió a las reducciones en las semanas de cotización previstas para las madres por cada hijo. Señaló que ese tipo de garantías debe contar con una financiación suficiente para evitar que su aplicación termine trasladando nuevas obligaciones a las finanzas públicas sin los recursos necesarios para cubrirlas.

El magistrado también expuso las dificultades que tendría recurrir a otras alternativas para obtener mayores recursos. Aumentar las semanas exigidas para alcanzar una pensión, explicó, podría dificultar todavía más el acceso de quienes han tenido empleos inestables o períodos sin cotización.

Incrementar los aportes, por su parte, tendría un efecto directo sobre los ingresos de los trabajadores.

Por esa razón, sostuvo que cualquier modificación del sistema debe ser discutida con los ciudadanos y considerar sus consecuencias sociales y económicas.

Lenis también centró parte de sus planteamientos en la informalidad laboral y sus efectos sobre la capacidad de los trabajadores para realizar aportes permanentes al sistema de seguridad social.

Durante el encuentro Justicia y Ciudadanía, realizado en Cúcuta, el presidente de la Corte Suprema señaló que la informalidad laboral en esa ciudad alcanza el 62,9 %, mientras el promedio nacional se encuentra en 54,6 %, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística citadas por el magistrado.

Esto significa que más de seis de cada diez trabajadores de esa región desarrollan actividades económicas por fuera de las redes formales de protección social.

Aunque los trabajadores independientes y los propietarios de micronegocios tienen la posibilidad de realizar aportes, las cotizaciones pueden presentarse de manera ocasional o irregular.

Ante esa situación, Lenis planteó que la cotización al sistema de seguridad social debería estar relacionada directamente con cada ciudadano y no depender únicamente de la existencia de una relación laboral convencional.

Con ese modelo, una persona podría mantener su vínculo con el sistema de protección social aunque cambie de empleador, actividad económica, modalidad de contratación, jornada laboral o fuente de ingresos.

“El propósito contemporáneo no debe ser únicamente restaurar la relación laboral estable del pasado, sino garantizar algo más fundamental: una cotización estable, incluso cuando las ocupaciones, los empleadores, las jornadas y las fuentes de ingreso cambien”, expresó.

El presidente de la Corte mencionó como ejemplos las microtareas, las jornadas fragmentadas, los trabajos ocasionales y las actividades desarrolladas mediante herramientas virtuales.

Según explicó, estas modalidades generan ingresos y valor económico, pero no siempre corresponden a las categorías tradicionales mediante las cuales se ha organizado el empleo formal.

Dentro de las medidas planteadas también mencionó la necesidad de fortalecer la productividad empresarial, reducir trámites, ampliar las posibilidades de acceso al crédito y acelerar los procesos de transformación digital de los micronegocios.

El magistrado vinculó la discusión pensional con los cambios que atraviesa la estructura demográfica del país. La reducción de la natalidad y el envejecimiento de la población significarán una menor proporción de trabajadores en edad de realizar aportes frente a una cantidad creciente de pensionados y personas que podrían necesitar recursos estatales para garantizar su subsistencia.

El envejecimiento poblacional también implicará una mayor demanda de servicios de cuidado y obligará a considerar el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado dentro de las discusiones sobre protección social.

Lenis advirtió que los aportes efectuados por los trabajadores podrían resultar insuficientes para financiar las obligaciones futuras del sistema público y de los regímenes pensionales existentes.

“Cada vez es claro que el sistema no se va a financiar con las cotizaciones que están haciendo los trabajadores que están dentro del sistema”, afirmó.

Ante ese escenario, planteó estudiar mecanismos adicionales de financiación, entre ellos la destinación de recursos tributarios específicamente orientados al pago de las obligaciones pensionales.

El presidente de la Corte Suprema también consideró necesario diversificar las fuentes de recaudo y ajustar las reglas laborales y de seguridad social a las nuevas formas de generación de ingresos, entre ellas el trabajo mediante plataformas digitales, las actividades independientes y otras modalidades que actualmente se desarrollan por fuera de las relaciones laborales tradicionales.

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