Reforma tributaria en Colombia quedaría archivada tras doble ponencia en Senado y Cámara

El curso legislativo de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno Nacional entró en una etapa crítica tras la radicación de dos ponencias orientadas a archivar el proyecto, una en la Cámara de Representantes y otra en el Senado. 

La iniciativa, que contemplaba una ambiciosa meta de recaudo de 26 billones de pesos, perdió respaldo político en ambas corporaciones legislativas, lo que augura un inminente cierre del trámite sin llegar a la votación definitiva.

En la Comisión Tercera del Senado, el senador Efraín Cepeda logró la adhesión de diez de los diecisiete integrantes de esta célula legislativa a un documento en el que se solicita archivar la propuesta del Ejecutivo. 

Con ese número de apoyos, el legislador alcanzó la mayoría necesaria para frenar el avance del articulado. La acción representa un revés considerable para el Gobierno, que contaba con ese espacio como uno de los principales escenarios para defender su política fiscal.

Cepeda justificó su decisión con el argumento de que la propuesta del Ejecutivo impactaría directamente a sectores sociales vulnerables, especialmente por el componente relacionado con el impuesto al carbono, que derivaría en un incremento del precio de la gasolina. 

A juicio del senador, este efecto económico afecta a una proporción significativa de la población que depende del uso de motocicletas para desplazarse y generar ingresos. 

Según su intervención, el país cuenta con más de 12 millones de motocicletas utilizadas principalmente por personas de ingresos bajos y medios, quienes serían los primeros en asumir las consecuencias de un alza en los combustibles.

El documento radicado por Cepeda fue suscrito por otros legisladores, entre ellos Juan Pablo Gallo, Ciro Ramírez, Juan Carlos Garcés, Antonio Zabaraín, Mauricio Gómez, Liliana Bitar, Jairo Castellanos, Karina Espinosa y María Angélica Guerra. 

En su argumentación, el grupo coincidió en que el proyecto no responde a los requerimientos estructurales del país y que su aplicación agravaría las condiciones fiscales, al reducir la inversión, desincentivar el ahorro y afectar negativamente el mercado laboral.

Simultáneamente, en la Cámara de Representantes, la congresista Katherine Miranda presentó una ponencia con la misma orientación: archivar la iniciativa. 

En su exposición, la representante señaló que la ciudadanía ha alcanzado un umbral de tolerancia frente a los impuestos y que imponer nuevas cargas tributarias solo aumentaría las dificultades económicas de millones de hogares.

En su intervención, Miranda reiteró que la reforma propuesta por el Ejecutivo incidiría directamente en el costo de vida, al mantener la intención de elevar el precio de la gasolina, lo que tendría un efecto en cadena sobre los alimentos y los costos logísticos de productos básicos. 

Asimismo, planteó una crítica directa a la gestión del Gobierno, al afirmar que, más que nuevas reformas, el país requiere una administración austera que reduzca el gasto público superfluo, modere el número de viajes oficiales, elimine embajadas consideradas innecesarias y limite la contratación estatal no prioritaria.

En el documento radicado, la congresista incluyó un análisis técnico con énfasis en los impactos económicos de la reforma. 

A su juicio, el proyecto no contribuye a mejorar la competitividad nacional y, por el contrario, incrementaría los costos de producción, debilitando el crecimiento económico. 

En su diagnóstico, advirtió que los ajustes contemplados en el articulado afectarían tanto a las personas naturales como jurídicas. 

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En el caso de los ciudadanos, las tarifas podrían aumentar hasta un 41 %, al tiempo que se desmontarían deducciones que hoy alivian el impacto tributario. 

En el frente empresarial, se mantendría una tarifa del 35 % sobre la renta, por encima del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ronda el 23 %. 

Además, se introduciría una carga adicional sobre dividendos dirigidos a inversionistas internacionales y se reactivaría un impuesto al patrimonio con un alcance más amplio.

Otro punto crítico que señaló la representante se refiere al impuesto al carbono, que según su análisis no cumpliría un objetivo ambiental sino recaudatorio, pues gravaría insumos esenciales en procesos productivos. 

La ponencia también mencionó la intención del Ejecutivo de aplicar un gravamen del 1 % sobre los ingresos brutos de actividades de extracción de hidrocarburos y carbón, así como otras medidas calificadas como antitécnicas que, según el texto, complicarían aún más la dinámica de la economía real.

Ante la radicación de estas dos ponencias de archivo, el panorama legislativo para la reforma tributaria se torna desfavorable para el Ejecutivo. 

Aunque el proyecto aún no ha sido votado de forma definitiva, la pérdida de apoyo en ambas cámaras y la consolidación de mayorías para su archivo dejan pocas opciones para su supervivencia política. 

El Gobierno, que había defendido la propuesta como una herramienta para mejorar el equilibrio fiscal y garantizar recursos para programas sociales, deberá ahora reconsiderar su estrategia, en un contexto en el que las principales fuerzas parlamentarias han manifestado su negativa a respaldar nuevas cargas tributarias.

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