Proyecto de ley busca prohibir redes sociales a menores de 14 años en Colombia

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes dará inicio al trámite legislativo de un proyecto de ley que busca regular la operación de las plataformas digitales en Colombia y restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años. La iniciativa ya cuenta con ponencia favorable para su primer debate y plantea establecer mecanismos de autenticación de usuarios para enfrentar los riesgos de cibercrimen que afectan a niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, las empresas administradoras de redes sociales deberán implementar un sistema obligatorio de comprobación de identidad antes de permitir el registro de nuevos usuarios. Además, establece de manera expresa que los menores de 14 años no podrán acceder a estas plataformas.

Sin embargo, el proyecto contempla una excepción para las aplicaciones diseñadas específicamente con fines pedagógicos o infantiles. En estos casos, los menores podrán utilizarlas siempre que exista una autorización explícita de sus padres o tutores legales.

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Los argumentos que sustentan la propuesta se basan en los diagnósticos presentados por las autoridades sobre el uso de las plataformas digitales para la captación y la intimidación de menores de edad por parte de organizaciones al margen de la ley y redes dedicadas a la explotación.

En ese contexto, cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que entre 2015 y 2025 fueron contabilizados 22.697 menores de edad víctimas de delitos sexuales en el país. De ese total, el 53%, equivalente a 12.074 expedientes, correspondió a conductas asociadas a pornografía infantil.

La iniciativa también establece nuevas obligaciones para las compañías tecnológicas. Entre ellas se encuentra la publicación de informes semestrales sobre la eliminación de contenidos irregulares, así como la explicación de la lógica utilizada por sus algoritmos de recomendación.

Asimismo, las plataformas deberán solicitar el consentimiento formal de los usuarios para el tratamiento de sus datos personales. Cuando se detecten indicios de reclutamiento o de vulneración de derechos, las empresas tendrán que remitir la evidencia digital a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El proyecto también plantea prohibiciones relacionadas con la creación de perfiles bajo identidades falsas y con la divulgación deliberada de información errónea cuando esta tenga como propósito manipular la opinión pública.

El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones administrativas contra las empresas tecnológicas. El régimen propuesto contempla multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además del bloqueo temporal o definitivo de sus operaciones en territorio colombiano.

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