Procuraduría analiza impacto del nuevo tope al precio de viviendas VIS y VIP en Colombia

La Procuraduría General de la Nación instaló una mesa interinstitucional para analizar de manera preventiva los posibles impactos del proyecto de decreto que propone establecer un tope general al precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Colombia.

El encuentro fue liderado por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y reunió a varias entidades del Gobierno y representantes del sector constructor y financiero para revisar los alcances de la propuesta normativa.

En la reunión participaron delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la Superintendencia de Industria y Comercio y el Departamento Nacional de Planeación.

También asistieron representantes de gremios y organizaciones del sector como la Cámara Colombiana de la Construcción, Asocajas y Asobancaria.

Durante la sesión, el Ministerio Público enfatizó la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de vivienda que actualmente se encuentran en desarrollo, así como la estabilidad contractual del sector y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda en el país.

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La Procuraduría también advirtió que cualquier modificación normativa relacionada con el precio de las viviendas VIS y VIP debe ser coherente con la legislación vigente y proteger a los hogares que se benefician de estos programas de acceso a vivienda.

El proyecto de decreto que se encuentra en análisis propone fijar un tope general al valor de estas viviendas y establecer su precio en pesos colombianos, lo que ha generado inquietudes en el sector constructor sobre sus posibles efectos en los proyectos en marcha.

Como resultado de la mesa interinstitucional, las entidades acordaron avanzar en la realización de mesas técnicas especializadas para profundizar en el análisis del proyecto y estudiar posibles alternativas regulatorias que permitan evitar riesgos jurídicos, económicos o sociales.

El objetivo, según explicó el Ministerio Público, es evaluar de forma integral el impacto de la medida antes de su eventual adopción, garantizando que las decisiones regulatorias mantengan el equilibrio entre el acceso a vivienda para los hogares y la estabilidad del sector.

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