Presidente Petro se retracta por orden judicial tras acusar a Paloma Valencia de complicidad en falsos positivos

El presidente de la República, Gustavo Petro, emitió una rectificación pública de afirmaciones previas dirigidas contra la senadora Paloma Valencia, luego de que una autoridad judicial así lo ordenara. 

El pronunciamiento se hizo a través de su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter, dando cumplimiento a la decisión adoptada por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá.

En septiembre de 2025, el jefe de Estado había hecho una publicación en la que vinculaba directamente a la congresista del partido Centro Democrático con los denominados "falsos positivos", señalando que habría sido cómplice en el asesinato de 6.402 jóvenes cometidos por miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado interno. 

Esa declaración generó una demanda judicial por parte de la afectada, quien solicitó la rectificación por considerar que se trataba de una acusación infundada que atentaba contra su honra.

La decisión del juzgado concluyó que las afirmaciones del presidente excedían el marco del debate político y no estaban acompañadas de elementos probatorios suficientes que justificaran una imputación directa de responsabilidad penal. Por tanto, se ordenó al mandatario retractarse públicamente.

El presidente Petro, en cumplimiento de la sentencia, publicó un mensaje en el que aclaró que su afirmación del 29 de septiembre de 2025, en la que señalaba que la congresista fue cómplice de los homicidios cometidos por miembros armados del Estado, debía ser corregida. 

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En el texto expresó: “Rectifico y, por tanto, aclaro, como dice el diccionario de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”.

En su aclaración, el mandatario explicó que su crítica hacía referencia a un plano político más que jurídico. Señaló que, aunque la senadora formaba parte del Congreso durante los años en que ocurrieron los hechos investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ello no significa que haya tenido una participación directa en los crímenes. 

Indicó que sus cuestionamientos se enfocaban en la ausencia de manifestaciones de rechazo por parte de quienes respaldaban al gobierno de turno cuando se dieron a conocer las denuncias sobre estas ejecuciones extrajudiciales.

Petro afirmó que la muerte de jóvenes a manos de funcionarios armados del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y que, por tanto, su referencia pretendía señalar un tipo de responsabilidad política atribuible a quienes defendían o respaldaban al gobierno bajo cuya administración se presentaron los hechos, más no una responsabilidad de tipo penal atribuible a Valencia.

En el mismo mensaje, el mandatario expresó que su desacuerdo radica en las posturas que minimizan o niegan la gravedad de los falsos positivos y que, en ese contexto, sus pronunciamientos deben entenderse como una crítica a las narrativas políticas que buscan restarles importancia a estos hechos documentados e investigados por organismos judiciales competentes, y no como una acusación penal individualizada.

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