Presidente Petro firma decreto de gratuidad educativa para programas de pregrado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha firmado un histórico decreto de gratuidad educativa para programas de pregrado en universidades públicas del país. Esta medida, largamente anticipada, tiene como objetivo principal eliminar barreras de acceso a la educación y mejorar las oportunidades educativas para los colombianos.

La decisión presidencial se enmarca en un contexto controvertido, con disputas políticas que involucran al propio presidente Petro y al político argentino Javier Milei. La controversia se centra en el tema educativo y la financiación, siendo un punto álgido en el debate político actual.

Decreto educativo firmado por Gustavo Petro

El decreto recientemente firmado establece una reglamentación detallada para la implementación de la política de gratuidad en programas de pregrado, específicamente enfocada en las universidades públicas del país. Este paso representa un esfuerzo del gobierno por cumplir con las promesas de campaña, destacando la necesidad de proporcionar igualdad de oportunidades educativas a la población colombiana.

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"He firmado el decreto de gratuidad en la educación pública superior en Colombia. fue promesa de campaña y hoy es una realidad. Buscaré que la educación superior sea un derecho para toda persona que habite en Colombia", dijo el mandatario. 

Además, se refirió a la inversión de dicha medida. "En ese camino destinaré para el año entrante 2,8 billones del presupuesto nacional. y se destinará 1,5 billones para incrementar la infraestructura universitaria". 

Implementación gradual de la medida educativa

A pesar de la importancia de la normativa, se enfatiza que la implementación será gradual y progresiva, ajustándose a la disponibilidad presupuestal y siguiendo el principio de progresividad. Las instituciones vinculadas al Estado, como el Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Icetex, se encuentran entre las responsables de cumplir con esta medida.

Los beneficiarios de esta política de gratuidad tienen la responsabilidad de proporcionar información oportuna a las instituciones educativas para acceder al programa. Asimismo, deberán asumir los gastos adicionales que no estén cubiertos por la gratuidad, como los derechos de grado, entre otros.

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