Presidente Gustavo Petro sale en defensa de exministro Ricardo Bonilla tras anuncio de imputación de cargos

El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en una red de direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Durante una sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Estado manifestó su respaldo al exfuncionario y cuestionó los fundamentos jurídicos de la acusación.

La imputación se produjo tras la declaración rendida por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien aseguró ante la Fiscalía que sostuvo conversaciones con Bonilla para coordinar la entrega de convenios a seis congresistas.

Según el testimonio, el objetivo de dicha maniobra era obtener respaldo legislativo para la aprobación de créditos destinados a financiar operaciones del Gobierno Nacional.

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Esta versión fue complementada por otros testimonios entregados en el marco de acuerdos de colaboración, dentro del proceso judicial en curso.

La fiscal a cargo del caso, María Cristina Patiño, anunció que la acusación contra el exministro Bonilla incluye los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

Asimismo, la funcionaria señaló que, dependiendo del avance procesal, podría solicitarse una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras se desarrolla la investigación.

Durante su intervención ante el gabinete ministerial, el presidente Petro sostuvo que Ricardo Bonilla no incurrió en las conductas que le atribuye la Fiscalía y defendió su trayectoria como servidor público.

El mandatario declaró que la formulación de cargos constituye un acto de injusticia, y afirmó que el exministro actuó conforme a los lineamientos institucionales de su cargo.

Petro también atribuyó parte del contexto que rodea el caso al funcionamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el cual —según explicó— genera incertidumbre sobre los cargos futuros de quienes ejercen funciones como ministros de Hacienda.

A juicio del presidente, este tipo de dinámicas genera presiones indebidas sobre los titulares de esa cartera. En ese marco, insistió en que las decisiones tomadas por Bonilla no representaron una transgresión a la ley y que no se establecieron cupos indicativos parlamentarios, como lo ha sugerido la Fiscalía.

El jefe de Estado también se refirió a las condiciones en las que se construyó la actual administración de justicia, afirmando que su decisión de postular una terna independiente para la Fiscalía General generó múltiples tensiones políticas.

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En ese sentido, señaló que la elección de una fiscal sin vínculos con actores del anterior gobierno tuvo repercusiones adversas y derivó en ataques contra figuras cercanas a su administración, como es el caso de Bonilla.

Más adelante en su intervención, el mandatario reconoció su responsabilidad política en el nombramiento de Olmedo López al frente de la UNGRD. Aceptó que ese nombramiento resultó determinante para que se gestara el desvío de recursos públicos que hoy es materia de investigación penal.

Petro afirmó que la unidad fue utilizada por un grupo de personas interesadas en proyectar candidaturas al Senado y en financiar disputas internas de partidos políticos, en particular del Partido Verde.

“El error fue haberlos designado. Eso es responsabilidad mía. Yo los nombré. Querían recursos para posicionarse políticamente y ahí se originó el desfalco. Pero en lo que respecta al exministro Bonilla, no existen elementos que configuren los delitos de los que se le acusa”, indicó.

Finalmente, el presidente reiteró que Ricardo Bonilla actuó en el marco de sus funciones como ministro de Hacienda, al igual que sus antecesores.

Sostuvo que no hubo direccionamiento ni asignación de cupos dentro del sistema presupuestal que involucraran directamente a la UNGRD.

Aseguró que las actuaciones de Bonilla estuvieron orientadas por criterios técnicos, sin intervención en el diseño ni ejecución de convenios específicos, por lo que descartó cualquier responsabilidad penal.

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