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Petro exige renuncia del gerente de Urrá y ordena investigar a generadoras por inundaciones en el país
El mandatario responsabiliza al manejo "irregular" de los embalses por la emergencia en Córdoba, Chocó y el Caribe, que ya deja 14 muertos y 50.000 familias damnificadas.
El presidente Gustavo Petro solicitó este sábado la renuncia inmediata del gerente de la hidroeléctrica Urrá, tras acusar a las empresas generadoras de energía de un manejo inadecuado de las represas que habría agravado las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar. Según el mandatario, el embalse de Urrá operó por encima de los niveles permitidos durante el 27 % de los días de los últimos dos meses, una situación que calificó como "irregular" y determinante en la tragedia que hoy afecta a miles de colombianos.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado cuestionó la estrategia de las generadoras, señalando que, mientras el sector alertaba sobre una supuesta escasez de gas, las represas se encontraban en niveles máximos. Petro sugirió que las empresas habrían mantenido los embalses llenos para asegurar contratos de energía a precios elevados en el futuro, tildando este comportamiento de "codicia" y ordenando a las superintendencias iniciar investigaciones administrativas y legales por un posible "delito ambiental".
La emergencia, que el Gobierno atribuye a una combinación de crisis climática por un frente frío ártico y gestión humana deficiente, ha dejado cifras devastadoras. El reporte oficial da cuenta de 14 personas fallecidas, 9.000 viviendas destruidas y más de 35.000 hectáreas de cultivos bajo el agua. En total, se estima que unas 300.000 personas han resultado afectadas por las crecientes de los ríos en regiones que, para esta época del año, suelen atravesar temporadas secas.
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Petro también arremetió contra la Asociación de Generadores de Energía por su silencio ante la liberación masiva de más de 2.500 toneladas de agua por segundo. El mandatario cuestionó por qué se recurrió a la importación de gas costoso si existía recurso hídrico suficiente para generar energía más económica, sugiriendo que la liberación súbita de agua fue una decisión evitable que provocó pérdidas materiales y humanas incalculables.
Ante la magnitud del desastre, el Ideam advirtió sobre la llegada de un nuevo frente frío al Caribe, lo que mantiene en alerta máxima a los organismos de socorro. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) calificó el comportamiento climático como "altamente inusual", mientras el Ejército Nacional continúa desplegado en las zonas críticas apoyando la apertura de diques y el rescate de damnificados en terrenos inundados.
El Ejecutivo evalúa actualmente la declaratoria de una nueva emergencia económica, ambiental y social para agilizar la destinación de recursos hacia las víctimas. Esta medida permitiría al Gobierno tomar decisiones extraordinarias para la recuperación de la infraestructura y el apoyo a las 50.000 familias que han perdido sus bienes básicos. La tensión entre la Casa de Nariño y el sector energético escala así a un punto crítico en medio de la crisis nacional.
La investigación ordenada por el presidente busca sentar un precedente en la regulación de las hidroeléctricas en Colombia. De hallarse responsabilidades, las empresas implicadas podrían enfrentar sanciones severas por la gestión de embalses como Urrá e Hidroituango. Mientras tanto, la prioridad del Gobierno se centra en mitigar el impacto de las lluvias atípicas que amenazan con prolongarse durante las próximas semanas del mes de febrero.
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