Pacto de Valledupar: los beneficios que el gobierno Petro ofreció a exparamilitares

El gobierno del expresidente Gustavo Petro planteó estudiar la excarcelación de antiguos comandantes paramilitares designados como gestores de paz, revisar sus condiciones de reclusión, examinar mecanismos relacionados con la extradición y evaluar alternativas para la acumulación de penas. Los compromisos aparecen en un documento suscrito en Valledupar, Cesar, el 24 de octubre de 2025, durante un encuentro entre funcionarios de esa administración y exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El documento, titulado “Declaración de Valledupar por el cierre del proceso del Ralito”, fue revelado por La FM y contiene las propuestas discutidas durante las reuniones que se desarrollaron entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Su divulgación se produce en medio de las denuncias sobre presuntas presiones del gobierno Petro para que antiguos jefes paramilitares hicieran señalamientos contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026.

Lea también (“Fue un gran hombre”: Rodrigo Lara sobre Bernardo Jaramillo Ossa en plena polémica)

Uno de los apartados establece que el Gobierno estudiaría mecanismos legales relacionados con la reubicación carcelaria, la extradición, las actividades de los gestores de paz en establecimientos penitenciarios y la acumulación jurídica de penas. Estas posibilidades fueron incluidas como incentivos para quienes participaran en el cierre del proceso de desmovilización iniciado durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El texto también contempla examinar la excarcelación de gestores de paz que permanecían privados de la libertad y revisar sus condiciones de reclusión mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, las disposiciones consignadas corresponden a propuestas y compromisos de estudio, no a órdenes de libertad ni a decisiones judiciales que concedieran automáticamente esos beneficios.

En el encuentro participaron 11 exjefes paramilitares, integrantes del grupo de 16 gestores de paz designados por el gobierno Petro. Entre los antiguos comandantes vinculados al proceso figuraban Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, y Edward Cobos Téllez, conocido como Diego Vecino.

Por parte del Ejecutivo intervinieron Armando Benedetti, entonces ministro del Interior; Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Víctor de Currea-Lugo, asesor presidencial, y Jorge Arturo Lemus, quien encabezaba la Dirección Nacional de Inteligencia.

La reunión formaba parte de las gestiones para cerrar los compromisos pendientes del proceso de desmovilización de las AUC, desarrollado desde 2003 y posteriormente sometido al marco jurídico de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. La administración Petro había impulsado la participación de antiguos comandantes paramilitares en actividades relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la reconciliación.

La designación de los 16 gestores de paz quedó contemplada en la Resolución Ejecutiva 327 de 2025. El Departamento Administrativo de la Presidencia también registró oficialmente el encuentro de Valledupar como parte de las actividades preparatorias para el cierre del proceso de Justicia y Paz, que acumulaba dos décadas de funcionamiento.

La controversia surgió después de que Angie Rodríguez denunciara que durante las conversaciones se habría buscado que los antiguos comandantes paramilitares formularan acusaciones contra dirigentes políticos de la oposición. Posteriormente, Salvatore Mancuso respaldó la existencia de una solicitud para hacer señalamientos contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras, aunque afirmó que los excomandantes no aceptaron participar en esa iniciativa.

De acuerdo con lo divulgado por La FM, dos personas presentes en las reuniones aseguraron que funcionarios del Gobierno habrían planteado la posibilidad de obtener declaraciones relacionadas con esos dirigentes. Según sus testimonios, los antiguos comandantes rechazaron la propuesta porque consideraron que podrían exponerse a investigaciones por falso testimonio o fraude procesal, teniendo en cuenta las declaraciones que ya habían rendido ante diferentes autoridades judiciales.

Otro de los compromisos contemplados en la declaración se refiere a las garantías jurídicas para quienes aportaran información sobre la relación de las autodefensas con sectores económicos y políticos. El documento señala que persistían asuntos pendientes relacionados con la financiación, los bienes y las responsabilidades de terceros en el funcionamiento de esas organizaciones armadas.

En ese apartado, los participantes acordaron abordar la información disponible sobre las estructuras económicas y políticas que respaldaron a las autodefensas, teniendo en cuenta las condiciones jurídicas de los implicados. También se planteó revisar los antecedentes acumulados en procesos judiciales, académicos y políticos.

La declaración establece que las contribuciones a la verdad se desarrollarían bajo condiciones de justicia restaurativa. Asimismo, contempla la revisión del papel que cumplió el sistema judicial en el proceso de Ralito y la identificación de obstáculos que habían impedido resolver los asuntos pendientes.

Entre las medidas propuestas aparece la posibilidad de recuperar el modelo de colonias agrícolas como alternativa de resocialización y participación productiva de los antiguos integrantes de las organizaciones paramilitares. La iniciativa fue incluida junto con otras fórmulas relacionadas con el tratamiento penitenciario y la reincorporación a la vida civil.

El documento también contiene compromisos sobre la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fosas comunes y la entrega de información para facilitar las investigaciones. Estas actividades debían articularse con las entidades encargadas de esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado.

En materia de reparación, los participantes plantearon avanzar en la identificación de bienes entregados o pendientes de entrega por los antiguos integrantes de las AUC, así como establecer su situación y destino. El documento menciona la necesidad de examinar la información disponible sobre esos bienes y las responsabilidades relacionadas con su administración.

La declaración también contempla la realización de encuentros en los territorios afectados por la violencia paramilitar, con participación de víctimas y comunidades. Las actividades propuestas incluían ejercicios de memoria, reconocimiento de responsabilidades y reconciliación.

En cuanto a los compromisos inmediatos, se estableció un plazo de diez días hábiles para que los gestores de paz presentaran la actualización de sus planes de trabajo. Estos documentos debían identificar las tareas relacionadas con la implementación de lo acordado durante las reuniones de Valledupar.

La declaración fue suscrita después de varios días de conversaciones reservadas y de una sesión de cierre en la que participaron representantes del Gobierno y los antiguos comandantes paramilitares.

Durante la presentación pública de los resultados, Benedetti aseguró que los gestores de paz aportarían información sobre las relaciones entre el paramilitarismo y sectores de la política colombiana. El entonces ministro afirmó que algunas de las personas que podrían resultar mencionadas participaban en la contienda electoral.

Por su parte, Angie Rodríguez sostuvo que el propósito institucional consistía en concluir un proceso iniciado más de veinte años atrás y avanzar en el esclarecimiento de hechos que, pese a haber sido abordados en actuaciones judiciales, todavía no eran ampliamente conocidos por la sociedad.

El encuentro se desarrolló cuando faltaban aproximadamente siete meses para la primera vuelta presidencial de mayo de 2026. Para entonces, el gobierno Petro adelantaba distintas iniciativas de su política de paz total, mientras los antiguos comandantes paramilitares continuaban vinculados a procesos judiciales derivados de su participación en las AUC.

El antecedente central de estas conversaciones fue el acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito en julio de 2003 entre el gobierno de Álvaro Uribe y representantes de las autodefensas. Ese proceso abrió el camino para la desmovilización de estructuras paramilitares y posteriormente dio lugar a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron aproximadamente 31.000 integrantes de las AUC, según los registros oficiales. No obstante, el proceso dejó pendientes relacionados con la reparación de víctimas, la entrega de bienes, la identificación de desaparecidos y el esclarecimiento de delitos cometidos por las organizaciones armadas.

En mayo de 2008, durante el gobierno de Uribe, varios de los principales comandantes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos para responder por delitos relacionados con el narcotráfico. Algunos regresaron posteriormente a Colombia, donde continuaron enfrentando actuaciones judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La controversia por las reuniones de Valledupar también ha involucrado al abogado Juan Carlos Villamizar, representante de Mancuso, quien señaló que delegados gubernamentales habrían solicitado declaraciones públicas contra dirigentes políticos. Sin embargo, sostuvo que los antiguos comandantes no aceptaron esa petición y negó que se hubiera concretado un acuerdo formal de intercambio de beneficios por acusaciones contra esas personas.

Las versiones de Mancuso, Rodríguez y los demás participantes han situado las presuntas solicitudes en el encuentro de octubre de 2025.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria relacionada con los señalamientos contra Benedetti y Rodríguez, por estos hechos.

Otras noticias