ONU respalda por unanimidad a Colombia y modifica verificación del Acuerdo de Paz con las Farc

Con 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este viernes 30 de octubre de 2026 la renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta octubre de 2027, con una modificación en sus funciones: la exclusión del seguimiento a la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en noviembre de 2016.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los 15 países que integran el Consejo de Seguridad y atendió la solicitud del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de retirar de las responsabilidades de la misión el seguimiento específico a la implementación de la reforma rural.

El embajador de Colombia ante Naciones Unidas, J. Mauricio Gaona, destacó el resultado de la votación y aseguró que la decisión representa un respaldo internacional al país. “Respaldo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia”, manifestó el diplomático al informar sobre la aprobación de la resolución.

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“Con 15 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, el Consejo de Seguridad aprueba resolución sobre Misión de Verificación en Colombia con nuevo enfoque: Sin seguridad, la paz es solo una idea”, expresó Gaona.

La resolución mantiene la presencia de la Misión de Verificación de Naciones Unidas durante un año adicional, pero modifica el alcance de las actividades que desarrolla en territorio colombiano en relación con los compromisos derivados del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Gaona también cuestionó los resultados del proceso de paz suscrito durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y sostuvo que Colombia todavía no disfruta de los beneficios esperados de ese acuerdo.

“No somos un país que goce de los beneficios de un proceso de paz (...) el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”, afirmó el embajador colombiano ante los representantes de los países miembros del organismo internacional.

El representante diplomático expuso la posición de la administración de Abelardo de la Espriella frente a la implementación del acuerdo y reiteró los reparos del Gobierno respecto de las condiciones de seguridad y los mecanismos judiciales establecidos para atender los hechos ocurridos durante el conflicto armado.

En ese contexto, Gaona manifestó que la posición del Ejecutivo no supone un rechazo a la paz, sino un cuestionamiento a los mecanismos que, según su planteamiento, pueden favorecer la impunidad.

“El Gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad”, señaló el embajador durante su intervención.

La votación se produjo cuando estaba próximo a vencer el mandato anterior de la Misión de Verificación, establecido hasta el 31 de octubre de 2026. Con la nueva decisión, el Consejo de Seguridad prolongó sus actividades hasta octubre de 2027 y aprobó cambios en las responsabilidades asignadas al organismo.

La exclusión de la Reforma Rural Integral corresponde al primer punto del Acuerdo de Paz, que contempla disposiciones relacionadas con la distribución y formalización de tierras, el desarrollo rural, la infraestructura, los servicios públicos, el acceso a la educación y la salud en el campo, así como programas destinados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.

La decisión del Consejo de Seguridad se refiere a las funciones de verificación de Naciones Unidas y no constituye, por sí misma, una eliminación de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de 2016.

La Reforma Rural Integral había sido incorporada a las funciones de la Misión de Verificación mediante la Resolución 2673, aprobada el 11 de enero de 2023. Con esa decisión, Naciones Unidas asumió el seguimiento a los compromisos sobre acceso y uso de la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes nacionales de desarrollo rural previstos en el Acuerdo Final.

El mandato también contemplaba la verificación de los avances en la reincorporación económica, social y política de los antiguos integrantes de las Farc, así como las garantías de seguridad para los excombatientes, sus familias y las comunidades ubicadas en los territorios afectados por el conflicto armado.

La Misión de Verificación fue establecida por el Consejo de Seguridad mediante la Resolución 2366 del 10 de julio de 2017. Su creación respondió a los compromisos asumidos por el Estado colombiano y las antiguas Farc tras la firma del acuerdo del 24 de noviembre de 2016.

Desde entonces, el organismo internacional ha desarrollado actividades de seguimiento mediante oficinas territoriales, visitas a las comunidades, reuniones con autoridades nacionales y locales y la presentación periódica de informes al Consejo de Seguridad.

El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2798, que prorrogó la misión hasta octubre de 2026 y retiró de sus funciones la verificación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del capítulo étnico. Esa resolución mantuvo el seguimiento a la Reforma Rural Integral, la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad.

La decisión de octubre de 2025 había obtenido 13 votos favorables y dos abstenciones. En contraste, la votación anunciada este 30 de octubre de 2026 por el embajador Mauricio Gaona registró el respaldo de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

Antes de esta nueva votación, el organismo internacional había examinado la situación colombiana durante una sesión celebrada el 12 de octubre de 2026, en la que intervino Miroslav Jenča, representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación en Colombia.

En esa reunión, Jenča presentó los avances y dificultades de la implementación del Acuerdo Final. También informó que más de 11.000 antiguos integrantes de las Farc continuaban vinculados al proceso de reincorporación a la vida civil y advirtió sobre los problemas de seguridad que enfrentaban las comunidades y los excombatientes en distintas regiones del país.

El funcionario señaló que, desde la firma del acuerdo en 2016, habían sido asesinados 501 excombatientes, según las cifras expuestas ante el Consejo de Seguridad. Además, describió las dificultades relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales, las economías ilícitas y las limitaciones en el acceso a servicios e instituciones estatales en los territorios afectados por el conflicto.

En su informe de octubre de 2026, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también había presentado información sobre los avances de la Reforma Rural Integral y los compromisos pendientes en materia de tierras, desarrollo territorial y reincorporación de antiguos combatientes.

El informe registró la continuidad de los programas de desarrollo rural, las dificultades para garantizar la seguridad de sus beneficiarios y la revisión anunciada por el Gobierno colombiano sobre los procesos de entrega, restitución y formalización de tierras.

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