JEP imputa al general (r) Mario Montoya por la Operación Orión

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce comparecientes de la Fuerza Pública por hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 y sectores aledaños de Medellín. Entre los señalados se encuentra el general en retiro Mario Montoya Uribe, quien comandó la IV Brigada durante parte del periodo investigado.

La decisión se enmarca en el Subcaso Antioquia del Caso 08. En la investigación, la Sala de Reconocimiento determinó que los crímenes hicieron parte de un patrón macrocriminal caracterizado por la estigmatización de habitantes y líderes comunitarios, a quienes se señalaba como integrantes o colaboradores de las milicias.

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Según estableció la JEP, integrantes de la IV Brigada, bajo el mando de Montoya; de la Regional de Inteligencia Militar No. 6 (RIME 6), comandada por el coronel (r) Darío Enrique Cortés Castillo; y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), dirigida por el general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón, impulsaron una política de señalamientos contra la población civil.

Estas acusaciones desconocieron el principio de distinción entre combatientes y civiles y terminaron convirtiendo a sectores de la comunidad en objetivos de ataques y persecución.

La Sala también identificó acuerdos de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares. De acuerdo con la investigación, este patrón se manifestó mediante crímenes cometidos directamente por militares y policías, acciones conjuntas con paramilitares y hechos perpetrados por estos grupos en un contexto de no persecución e impunidad.

La alianza involucró a integrantes de la IV Brigada y varias de sus unidades tácticas: el Gaula Militar Antioquia, el Batallón de Ingenieros No. 4 ‘Pedro Nel Ospina’ (BIOSP) y el Batallón de Infantería No. 32 ‘Pedro Justo Berrío’ (BIPEB). También participaron miembros de la RIME 6 y de la MEVAL, incluidos el Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT) y las estaciones de Policía de Belén y San Cristóbal.

Según la JEP, estas unidades se articularon con estructuras paramilitares, principalmente con el Bloque Cacique Nutibara (BCN). La colaboración habría facilitado la consolidación de este grupo y de otras organizaciones paramilitares en la Comuna 13, en medio de la confrontación con las milicias urbanas de las extintas Farc-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP).

Los crímenes documentados por la JEP en la Comuna 13

Entre 2001 y 2004, la Sala de Reconocimiento identificó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y sectores cercanos de Medellín. La Jurisdicción precisó que algunas víctimas sufrieron más de un crimen.

El universo provisional documentado incluye 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio y 289 de desplazamiento forzado. Además, se establecieron 74 hechos de lesiones personales, 34 de tortura, siete de violencia sexual y 380 víctimas de privaciones graves de la libertad.

La investigación también encontró actos de persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), ocurridos entre 2002 y 2004.

Estos hechos hacen parte de las investigaciones de la JEP sobre los crímenes cometidos en la Comuna 13 durante el conflicto armado, entre ellos los relacionados con la Operación Orión y las desapariciones forzadas en sectores como La Escombrera.

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