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ONU alerta reconfiguración de la violencia en Colombia: 53 masacres y 150 menores reclutados en 2025
Radiografía del conflicto a nivel nacional.
El más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone que la violencia armada en Colombia atraviesa una fase de reorganización que compromete los avances posteriores a la firma del Acuerdo de Paz.
El documento, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, señala incrementos en masacres, reclutamiento de menores, confinamientos, desplazamientos y homicidios de defensores de derechos humanos, con impactos extendidos en diversas regiones.
Según el organismo internacional, grupos armados ilegales, estructuras criminales y unidades de la fuerza pública mantuvieron confrontaciones durante 2025 en zonas del Catatumbo, el Magdalena Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta y departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta y Antioquia.
La disputa por corredores estratégicos y economías ilícitas dejó a comunidades enteras sometidas a desplazamientos, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, actos de violencia sexual y un uso sostenido de artefactos explosivos.
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La niñez continúa expuesta a riesgos críticos. La ONU verificó 150 casos de reclutamiento de menores, aunque el organismo reconoce que la cifra real puede ser mayor debido al subregistro. Treinta menores murieron en medio del conflicto en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander; dentro de ese total, ocho niños y siete niñas fallecieron en bombardeos.
El informe advierte además que redes sociales se han convertido en herramientas de captación mediante contenidos que presentan la violencia como una vía para obtener poder o ingresos.
Frente a esta situación, la oficina trasladó observaciones a plataformas tecnológicas, entre ellas Meta y TikTok, para que fortalezcan la debida diligencia en materia de derechos humanos.
El reclutamiento también se registró en espacios comunitarios. En algunos casos, integrantes de grupos armados generaron vínculos con niñas y adolescentes prometiendo apoyo económico o protección.
En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta hubo presencia de actores armados en instituciones educativas e incluso enfrentamientos que interrumpieron las clases.
En Cauca y Putumayo se usaron escuelas para captar estudiantes indígenas de los pueblos nasa y murui muina, cuya supervivencia física y cultural enfrenta riesgos.
También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.
El informe documenta el mantenimiento de prácticas de violencia de género, incluidas agresiones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual.
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La ONU señala que en algunos territorios grupos armados controlaron pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibieron métodos anticonceptivos y limitaron el acceso a servicios de salud, situaciones que derivaron en muertes maternas no registradas.
El organismo también identificó trata de personas y explotación sexual contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas wiwas, arhuacas, jiw y nukak, así como castigos contra mujeres acusadas de relacionarse con miembros de organizaciones rivales.
En ciertos casos, niñas fueron obligadas a realizar labores de enfermería para estructuras armadas.
La Oficina del Alto Comisionado reportó un incremento del 85 % en el desplazamiento masivo respecto a 2024.
Solo en el Catatumbo, 89.013 personas abandonaron sus hogares durante 2025 en medio de disputas armadas y economías ilegales.
El confinamiento aumentó un 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades vieron limitadas sus actividades cotidianas y acceso a bienes esenciales.
En cuanto a masacres, la ONU recibió 87 denuncias y verificó 53 de ellas, con 174 víctimas. La mayoría de estos hechos fue atribuida a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en tres cuartas partes de los casos la motivación estuvo asociada a economías ilícitas.
El organismo también registró 207 denuncias de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En 99 casos se comprobó que los asesinatos tuvieron relación con su actividad.
Las principales víctimas fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, lo que evidencia impactos diferenciados en quienes defienden derechos territoriales y colectivos.
La ONU advierte que la confrontación también produjo ataques contra la Fuerza Pública en Cauca y Valle del Cauca, donde se reportaron 44 acciones armadas que dejaron 21 civiles y ocho uniformados muertos, además de más de 200 heridos.
A esto se suma la continuidad del llamado “plan pistola” en Antioquia y la región Caribe. Según datos del Ministerio de Defensa citados en el informe, durante 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.
El documento señala que la política de negociación con grupos armados, identificada como “paz total”, no ha logrado reducir violaciones graves como el reclutamiento de menores o el asesinato de líderes sociales.
Tampoco ha generado procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades ni ha situado plenamente los derechos de las víctimas en el centro de las conversaciones.
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La ONU expresa preocupación adicional por expedientes de graves violaciones que permanecen sin priorización en la Fiscalía y fuera del enfoque de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica.
El informe también describe desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social.
En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 desapariciones durante 2025. En Arauca, los casos de privación de la libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, en varios de ellos bajo esquemas de “justicia revolucionaria” que incluyeron tratos crueles y asesinatos.
La oficina menciona que, pese a enviar 15 comunicaciones al Ministerio de Defensa sobre riesgos inminentes en distintas zonas del país, las respuestas fueron tardías o insuficientes.
En territorios indígenas y afrodescendientes persisten amenazas directas contra la pervivencia física y cultural de diversas comunidades, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde confluyen disputas armadas, control territorial, minería ilegal y deforestación.
La conclusión del informe indica que la persistencia del conflicto, el control armado y la violencia preelectoral están afectando el espacio cívico y limitando el ejercicio de derechos civiles y políticos.
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