Nuevo subdirector de la Unidad de Víctimas ha sido investigado por presuntos nexos con el ELN

El reciente nombramiento de Fredy Orlando Quintero Mogollón como subdirector de la Unidad para las Víctimas ha generado una fuerte controversia en el país. El exalcalde de Chitagá, Norte de Santander, fue vinculado en 2020 a una investigación de la Fiscalía por presuntos nexos con el ELN y, además, carece de experiencia comprobada en el área de derechos humanos.

Durante su gestión como alcalde, la Fiscalía lo relacionó con el frente Efraín Pabón de esa guerrilla, señalándolo de haber auspiciado acciones delictivas como extorsiones, secuestros y ataques contra la población civil y la Fuerza Pública. Incluso se le incautaron bienes en operativos contra las finanzas del ELN, incluyendo inmuebles, vehículos y establecimientos comerciales por un valor cercano a los 10.300 millones de pesos.

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Aunque no registra antecedentes penales ni condenas, el proceso judicial no ha concluido. La Fiscalía ha vinculado esos bienes a una supuesta red patrimonial al servicio del ELN, con propiedades a nombre de familiares cercanos del nuevo subdirector.

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A estas preocupaciones se suma la ausencia de experiencia de Quintero en atención a víctimas o trabajo en derechos humanos. Su hoja de vida indica que es abogado con especialización en Derecho Público y maestría en Derecho Administrativo, pero no registra participación en procesos vinculados al conflicto armado o a la reparación de víctimas.

Quintero reemplaza a Francisco Triana, un psicólogo con amplia trayectoria en derechos humanos, quien se desempeñaba como subdirector encargado. Triana ha trabajado en organizaciones como Credhos y en el Ministerio de Minas, y fue coordinador de centros regionales de atención a víctimas.

El cambio de liderazgo también coincide con la llegada de Adith Romero a la dirección de la Unidad de Víctimas, en reemplazo de Gloria Cuartas. Romero, quien trabajó más de una década como escolta, también ha sido cuestionado por su falta de experiencia en el sector.

Organizaciones sociales y sectores políticos han manifestado su preocupación por lo que consideran un debilitamiento institucional de la entidad encargada de atender a más de nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Advierten que el perfil del nuevo subdirector podría comprometer la confianza y eficacia en la implementación de las políticas de reparación y justicia transicional.

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