MinHacienda encarga dirección del Fondo Adaptación, pero no declara insubsistente a Angie Rodríguez

El ministerio de Hacienda no declaró insubsistente a la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, pese a la solicitud pública que hizo el presidente Gustavo Petro. En cambio, mediante la Resolución 1697 del 27 de julio, el jefe de esa cartera, Germán Ávila, encargó de manera temporal la dirección de la entidad a Javier Pava.

Rodríguez permanece en licencia médica desde el pasado 18 de junio y esta ha sido prorrogada en varias oportunidades. La más reciente extensión, según consta en la resolución, estará vigente hasta el próximo 31 de julio.

La decisión del Ministerio se conoce horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente la salida de la funcionaria. A través de sus redes sociales, el mandatario escribió: “Le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente”.

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El jefe de Estado aseguró que la petición obedece a que Rodríguez es una “manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”. Además, afirmó que la controversia surgió luego de que ordenara que los recursos del Fondo Adaptación fueran destinados a garantizar mayor acceso a agua potable para enfrentar el fenómeno de El Niño y la megasequía prevista para diciembre.

La polémica se originó después de que Angie Rodríguez emitiera un concepto dirigido al Ministerio de Hacienda y a los organismos de control, en el que manifestó su desacuerdo con la solicitud del presidente de trasladar $1 billón destinados al proyecto de recuperación de La Mojana hacia la atención de la emergencia por el fenómeno de El Niño.

En el documento, la directora expuso un análisis técnico, jurídico, presupuestal y contractual sobre la protección de los recursos asignados al proyecto “Implementación de Medidas de Recuperación de las Dinámicas Hídricas Naturales de la Región de La Mojana”, así como los riesgos que implicaría una eventual reasignación de esos recursos.

Asimismo, precisó que el concepto “no constituye un pronunciamiento político ni una valoración sobre la conveniencia de atender otras emergencias nacionales, las cuales revisten la mayor importancia para el Estado”. Agregó que su finalidad es suministrar información objetiva, verificable y con sustento jurídico sobre la situación presupuestal y contractual del proyecto, con el propósito de exponer el estado real de los recursos y el marco legal aplicable.

El concepto también advierte que, de concretarse el traslado de los recursos sin cumplir los procedimientos legales y presupuestales correspondientes, podría configurarse una actuación contraria a la normatividad vigente.

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