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MinAmbiente revoca prórroga de reserva temporal en Santurbán

La decisión deja sin efecto la Resolución 0970 de 2026, que había ampliado a 73.432 hectáreas la zona de reserva temporal y extendido su vigencia hasta marzo de 2029.

Páramo de Santurbán 25
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 29/09/2026 - 16:21 Créditos: Páramo de Santurbán. Universidad de Medellín.

El Ministerio de Ambiente revocó la resolución que había prorrogado hasta marzo de 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el macizo de Santurbán, una medida adoptada en agosto de 2026 durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026 y fue tomada por Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura y designado ministro de Ambiente ad hoc para los asuntos relacionados con Santurbán, después de que el titular de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, fuera apartado de estos trámites.

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La reserva temporal había sido prorrogada mediante la Resolución 0970 de 2026 y contemplaba un área de 73.432,42 hectáreas, y prorrogaba su vigencia hasta el 4 de marzo de 2029, mientras se avanzaban en estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos sobre la zona.

De esta manera, quedan sin efecto las modificaciones introducidas mediante la Resolución 0970, por lo que vuelven a aplicarse las Resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025, en las condiciones que tenían antes de la modificación de agosto.

Esto significa que se elimina la prórroga hasta 2029 y también las modificaciones realizadas sobre el área geográfica y la cartografía de la reserva temporal.

Sin embargo, la decisión no supone la desaparición de la figura de reserva temporal, sino el retorno al marco establecido por las resoluciones de 2025.

La revocatoria se fundamenta en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que contempla la revocación directa de actos administrativos cuando sean manifiestamente contrarios a la Constitución o a la ley.

Por ello, la decisión del Ministerio plantea que el cuestionamiento a la Resolución 0970 tiene un fundamento jurídico y no corresponde únicamente a un cambio de criterio sobre la conveniencia de la medida.

Uno de los efectos administrativos será la comunicación de la decisión a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM) para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, se realicen las actualizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Gestión Minera.

Esta también será comunicada a entidades como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Parques Nacionales Naturales, la Gobernación de Santander y las alcaldías de los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.

La revocatoria generó críticas por parte del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, organización que ha cuestionado las recientes decisiones del Gobierno Nacional sobre las medidas de protección del ecosistema.

“En menos de dos meses de su mandato ha tumbado tres resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán”, señaló el Comité.

La organización también relacionó la decisión con el futuro proyecto minero de Aris Mining en la región y advirtió que la compañía podría presentar una solicitud de licencia ambiental el próximo año.

Otro de los puntos planteados por la organización es la consulta pública relacionada con la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander. El Comité estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el Ministerio de Ambiente reabra dicha consulta y advirtió que, de no hacerlo, convocaría movilizaciones en Bogotá.

Esta controversia se suma a la revocatoria de la Resolución 0994 del 6 de agosto por parte del Ministerio de Ambiente, que había declarado una reserva definitiva sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja.

En ese momento, el Gobierno argumentó que el trámite presentaba irregularidades y que debía reiniciarse para garantizar transparencia y participación ciudadana.

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