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Miguel Uribe Londoño demandará al Estado por el magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay
El candidato presidencial alega falta de garantías y desprotección estatal frente al atentado ejecutado por la Segunda Marquetalia.
Miguel Uribe Londoño, actual aspirante a la Presidencia de la República, anunció formalmente que interpondrá una acción judicial contra el Estado colombiano por el asesinato de su hijo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La decisión se fundamenta en la presunta omisión de las autoridades para garantizar la seguridad del congresista, quien falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer varias semanas en estado crítico luego de un atentado en Bogotá.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el magnicidio fue planeado por la estructura de la Segunda Marquetalia. La orden directa habría sido impartida por alias "Zarco Aldinever", bajo la línea de mando de Iván Luciano Marín Arango, conocido como "Iván Márquez".
Hasta la fecha, el ente acusador ha judicializado a nueve personas, incluyendo a alias "El Viejo", quien confesó que el grupo armado pagó por la ejecución del crimen, perpetrado finalmente por un adolescente de 15 años.
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Uribe Londoño sostuvo en una entrevista reciente que su hijo fue "totalmente desprotegido" por el Estado a pesar del nivel de riesgo que enfrentaba debido a su perfil político.
Según el candidato, el asesinato de Uribe Turbay respondió a su ascenso en las encuestas y a su postura radical contra el narcotráfico. “Él iba a ser el próximo presidente y eso no les convenía”, afirmó, subrayando que la demanda busca sentar un precedente para evitar que la violencia política siga eliminando liderazgos en el país.
Actualmente, existen siete órdenes de captura vigentes contra el estado mayor de la Segunda Marquetalia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Mientras el proceso penal avanza, la demanda administrativa de la familia Uribe busca una reparación integral y que se determine la responsabilidad de las instituciones encargadas de la protección de altos funcionarios y candidatos en ejercicio.
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