María Fernanda Cabal demanda decreto sobre tierras rurales

La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 033 de 2025, que establece restricciones para la compraventa de tierras en zonas priorizadas por la reforma agraria. La norma obliga a los propietarios de predios rurales a notificar primero a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que tendrá preferencia para adquirir los terrenos.

La circular de la Superintendencia de Notariado y Registro indica que los ciudadanos deben informar a la ANT antes de formalizar cualquier negocio jurídico de compraventa. Esto aplica a cerca de 82 municipios identificados por el Gobierno como prioritarios para la implementación de la política agraria, y otorga a la agencia un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de compra preferente.

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Según Cabal, la norma representa una amenaza a la propiedad privada y despoja a los campesinos de sus derechos. “No tiene ningún sustento legal que se obligue a los propietarios a ofrecer sus tierras primero a la ANT. No está en la Constitución ni en la ley”, afirmó. La congresista, también precandidata presidencial, pidió que el decreto sea suspendido de manera provisional mientras se estudia su legalidad.

La medida también fue criticada por la senadora Paloma Valencia, quien advirtió que la ANT puede frenar la venta entre particulares. En su opinión, se trata de una interferencia estatal que genera incertidumbre en el mercado rural. Ambas legisladoras coinciden en que el decreto desincentiva la inversión y obstaculiza la dinámica económica del campo.

Desde otro ángulo, la exministra de Agricultura Cecilia López expresó reservas sobre la aplicación generalizada de esta norma, que según explicó ya existía con ciertas limitaciones. “El objeto de la reforma agraria es comprar tierras, pero lo que están haciendo es quitárselas a los ricos”, opinó, cuestionando el enfoque actual del Gobierno sobre el uso de esta figura.

El Gobierno nacional, por su parte, defendió el decreto argumentando que busca facilitar el acceso a la tierra para poblaciones históricamente excluidas. Según la administración, la medida pretende garantizar el cumplimiento de la reforma agraria al permitir que el Estado adquiera de manera prioritaria terrenos estratégicos para su redistribución.

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