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Universidad de Medellín alerta por prescripción en proceso contra Julián Bedoya por título de abogado

La institución pide a tribunal agilizar el caso y tomar decisiones.

UPM OK
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 21/11/2026 - 09:09 Créditos: Archivo Particular


La Universidad de Medellín solicitó al Tribunal Superior de Bogotá resolver una apelación pendiente dentro del proceso penal contra el exsenador liberal Julián Bedoya Pulgarín, investigado por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional de abogado. La institución advirtió que el delito de fraude procesal habría prescrito el pasado 2 de julio de 2026, mientras permanece sin decisión de fondo un recurso presentado por la defensa del excongresista.

La petición fue radicada el viernes 20 de noviembre por el abogado Juan Camilo Bolaños Pérez, representante judicial de la universidad, reconocida como víctima dentro del expediente identificado con el radicado 050016000000201900896-01. El memorial fue dirigido al magistrado Javier Armando Fletcher Plazas, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, encargado de resolver la controversia procesal que mantiene suspendido el avance de la actuación judicial.

La institución expuso que la apelación fue asignada al despacho del magistrado el 31 de julio de 2025 y que, después de diferentes actuaciones judiciales, continúa pendiente una decisión sobre la solicitud de nulidad formulada por los abogados de Bedoya.

La nueva comunicación se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efectos una providencia del Tribunal Superior de Bogotá y ordenara resolver de fondo la petición de la defensa. Según la representación de la universidad, esa determinación fue comunicada al Tribunal el 21 de mayo de 2026, sin que hasta el momento de presentar el memorial se hubiera emitido la decisión correspondiente.

El principal argumento de la institución está relacionado con el tiempo transcurrido desde la interrupción del término de prescripción de la acción penal por fraude procesal, uno de los delitos incluidos en la investigación por el procedimiento mediante el cual Bedoya obtuvo su diploma y posteriormente tramitó su tarjeta profesional.

De acuerdo con el cálculo expuesto por el abogado Bolaños, el término de prescripción comenzó a contarse nuevamente el 2 de julio de 2020, fecha en la que Bedoya, entonces congresista, rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Para la representación de la universidad, esa diligencia produjo efectos equivalentes a una formulación de imputación en el régimen procesal aplicable al caso.

El apoderado sostuvo que, a partir de esa actuación, el término correspondiente al delito de fraude procesal era de seis años, por lo que habría vencido el 2 de julio de 2026. Esta conclusión corresponde a la interpretación jurídica presentada por la universidad y no constituye, por sí misma, una declaración judicial de prescripción.

La investigación tiene su origen en los cuestionamientos sobre el procedimiento académico que permitió a Julián Bedoya obtener el título de abogado de la Universidad de Medellín el 1 de marzo de 2019, después de haber interrumpido sus estudios durante varios años.

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exsenador el 5 de junio de 2024. La actuación estuvo inicialmente a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, donde la audiencia de formulación de acusación comenzó el 28 de agosto de ese año y continuó en diferentes sesiones hasta el 29 de octubre.

Posteriormente surgió una controversia relacionada con la competencia territorial para adelantar el proceso. El 5 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el conocimiento del expediente correspondía a los jueces penales del circuito de Bogotá, al establecer la relación territorial con el lugar donde se habría consumado el delito de mayor entidad atribuido al acusado, correspondiente a fraude procesal.

Como resultado de esa determinación, el expediente fue remitido a la capital del país y la actuación quedó en manos del Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá.

El 19 de mayo de 2025 se reanudó la audiencia de formulación de acusación. Durante la diligencia, la defensa del exsenador solicitó declarar la nulidad de la actuación, al considerar que existían diferencias entre los hechos y cargos contenidos en la imputación y los incluidos posteriormente en la acusación.

El juzgado rechazó la solicitud, pero concedió el recurso de apelación formulado por los abogados de Bedoya. El expediente fue remitido al Tribunal Superior de Bogotá y, el 31 de julio de 2025, quedó asignado al despacho del magistrado Fletcher Plazas.

El 10 de febrero de 2026, la Sala Penal del Tribunal declaró improcedente el recurso. Frente a esa determinación, la defensa interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, alegando la vulneración de garantías fundamentales dentro del trámite judicial.

Mediante la sentencia STP7076-2026, del 10 de marzo de 2026, la Corte Suprema amparó los derechos invocados por la defensa y dejó sin efectos la decisión que había declarado improcedente la apelación. La orden judicial dispuso que el Tribunal examinara de fondo la solicitud y emitiera una providencia motivada.

La representación de la Universidad de Medellín señaló que la decisión de tutela fue comunicada al Tribunal el 21 de mayo de 2026. Sin embargo, en el memorial presentado el 20 de noviembre indicó que todavía no existía un pronunciamiento de fondo sobre la controversia.

Esta situación motivó la nueva solicitud de la institución, que pidió priorizar el expediente y resolver la apelación para permitir la continuación del procedimiento penal.

En medio de este trámite, el Consejo de Estado adoptó decisiones relacionadas con la validez del título profesional de Bedoya. El 28 de febrero de 2025, la Sección Primera decretó la suspensión provisional de los efectos del acta de grado número 17538, expedida el 1 de marzo de 2019, y del diploma correspondiente.

La medida fue adoptada dentro de una demanda presentada por la propia Universidad de Medellín, que solicitó la nulidad de los actos académicos mediante los cuales el excongresista obtuvo su título profesional. La institución señaló irregularidades en el cumplimiento de requisitos establecidos en sus reglamentos.

El 23 de abril de 2026, el Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional al resolver un recurso de súplica presentado por la defensa del exsenador. La decisión fue divulgada oficialmente por el alto tribunal el 7 de mayo.

De acuerdo con el Consejo de Estado, durante el procedimiento académico se identificaron irregularidades relacionadas con el reintegro de Bedoya a la universidad, después de varios años de interrupción de sus estudios, sin que se acreditara la autorización previa de la Facultad de Derecho en los términos establecidos por la reglamentación institucional.

Las controversias también comprendieron la presentación de exámenes, los registros académicos y el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener el título de abogado. El exsenador había retomado sus estudios en 2018 y obtuvo su diploma el año siguiente.

Entre los hechos examinados por las autoridades se encuentra la presentación de aproximadamente 17 evaluaciones académicas, incluidos exámenes de suficiencia, especiales y preparatorios, durante un periodo reducido. También fueron cuestionados documentos relacionados con las calificaciones, los procedimientos de homologación y el cumplimiento de actividades obligatorias del programa de Derecho.

La Procuraduría General de la Nación adelantó una actuación disciplinaria relacionada con esos hechos. El 16 de enero de 2024 anunció un fallo de primera instancia mediante el cual sancionó al exsenador con suspensión de diez meses e inhabilidad especial por las irregularidades encontradas durante el procedimiento de obtención del título.

Según el organismo de control, Bedoya utilizó su condición de congresista entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019 para obtener ventajas en el trámite académico. La Procuraduría identificó modificaciones en documentos y reglamentos universitarios, así como asignaturas aprobadas en periodos durante los cuales el exsenador no figuraba debidamente registrado como estudiante.

La entidad también estableció que la presentación de diferentes exámenes durante una misma jornada no correspondía a los tiempos habituales de evaluación académica. La sanción fue impuesta en primera instancia por una falta disciplinaria calificada como grave y cometida a título de dolo.

La Universidad de Medellín había adelantado, además, un procedimiento disciplinario interno contra Bedoya. En abril de 2021, sus autoridades académicas adoptaron decisiones relacionadas con las irregularidades atribuidas al entonces estudiante.

Sin embargo, el exsenador acudió a la justicia constitucional y obtuvo una decisión favorable mediante la sentencia T-281 de 2022, proferida el 9 de agosto de ese año.

La Corte Constitucional determinó que la universidad carecía de competencia para adelantar ese procedimiento disciplinario contra una persona que ya había recibido su título profesional, debido a los límites establecidos en el reglamento de la institución.

En consecuencia, amparó el derecho fundamental al debido proceso de Bedoya, dejó sin efectos las decisiones disciplinarias universitarias y ordenó archivar esa actuación. El pronunciamiento no resolvió la responsabilidad penal del exsenador ni la legalidad del título en el proceso administrativo que posteriormente continuó ante el Consejo de Estado.

Por otra parte, dentro de la investigación penal, las autoridades judiciales examinaron el procedimiento mediante el cual Bedoya obtuvo su tarjeta profesional de abogado.

El excongresista recibió el título universitario el 1 de marzo de 2019 y posteriormente adelantó el trámite de inscripción ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

El 7 de noviembre de 2019 le fue asignada la tarjeta profesional número 336.577. Ese trámite forma parte de los hechos examinados en la investigación por fraude procesal, debido a la utilización de documentos académicos cuya expedición fue cuestionada.

La actuación penal también comprende señalamientos relacionados con presuntas falsedades documentales y las condiciones en que fueron elaborados y expedidos los soportes utilizados durante el proceso de graduación.

Paralelamente, la justicia conoció actuaciones contra antiguos directivos y funcionarios universitarios por presuntas irregularidades en el otorgamiento del título. Entre las personas vinculadas a esas investigaciones estuvieron funcionarios que ocuparon cargos administrativos y académicos durante el periodo en el que Bedoya retomó sus estudios.

El Tribunal Superior de Medellín examinó actuaciones judiciales relacionadas con esas personas en un expediente distinto del proceso penal que actualmente se adelanta contra el exsenador en Bogotá.

La Universidad de Medellín también había solicitado a comienzos de 2026 que se resolviera la apelación pendiente, ante la proximidad de la fecha que su representación jurídica identificaba como límite para el ejercicio de la acción penal por fraude procesal.

La nueva petición, presentada el 20 de noviembre, se produjo después del vencimiento de ese plazo según el cálculo efectuado por la institución.

El abogado Juan Camilo Bolaños manifestó que la universidad busca que se conozca una decisión judicial sobre los hechos investigados, se establezcan las responsabilidades correspondientes y se determine la eventual reparación de los perjuicios derivados de las conductas objeto del proceso.

La comunicación dirigida al Tribunal Superior de Bogotá mantiene como asunto central la resolución de la apelación interpuesta por la defensa de Bedoya, cuya solicitud de nulidad fue rechazada inicialmente por el juzgado que adelanta el proceso.

Hasta la presentación del memorial, la Universidad de Medellín informó que no había recibido una decisión de fondo sobre ese recurso. Tampoco se acreditó en la información pública consultada una providencia que hubiera declarado formalmente la prescripción de la acción penal por fraude procesal.

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