Katherine Miranda denuncia contratos por más de $3.000 millones a familiares del ministro Guillermo Jaramillo

La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que familiares del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habrían recibido más de $3.000 millones en contratos con entidades públicas desde 2023. La congresista pidió a los órganos de control abrir investigaciones para determinar si existieron irregularidades.

Entre los casos mencionados está el de María Clara Berrocal, esposa de Omar Jaramillo, hermano del ministro, quien firmó cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de $390 millones.

Miranda también señaló a los sobrinos del ministro. Sebastián Jaramillo Berrocal suscribió en 2024 un contrato con el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) por $72 millones.

Le recomendamos leer (Ordenan a Armando Benedetti rectificar señalamientos contra el exministro Luis Felipe Henao)

Otro sobrino, Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, firmó 12 contratos con entidades como la Empresa Ferroviaria Regional por más de $1.400 millones. Según la denuncia, en 2023 fue sancionado por seis meses por la Procuraduría General de la Nación y además fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito dentro del caso Odebrecht. Pese a ello, continuó contratando con el Estado.

La congresista también incluyó en su denuncia a Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, quien fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por cerca de $97 millones, entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud.

En cuanto al hijo del jefe de la cartera de Salud, Alejandro Jaramillo Gómez, la representante indicó que desde agosto de 2024 se desempeña como director de ProColombia en el Reino Unido, con ingresos superiores a $40 millones mensuales, lo que representaría cerca de $720 millones en total.

Finalmente, Miranda mencionó a Beatriz Eugenia Gómez, esposa del ministro y actual superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, quien, según la denuncia, ha devengado aproximadamente $500 millones en ese cargo.

La representante insistió en que los organismos de control deben revisar cada uno de estos contratos y nombramientos para establecer si se ajustan a la ley o si podrían configurar posibles conflictos de interés o irregularidades administrativas.

Otras noticias