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Juez multa al presidente Gustavo Petro por no retractarse sobre señalamientos al fiscal Mario Burgos
El primer mandatario paga las consecuencias de un desacato judicial.
El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá sancionó este viernes al presidente de la República, Gustavo Petro, con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato judicial, tras constatar el incumplimiento de una orden de retractación que le fue impartida en una sentencia anterior relacionada con señalamientos públicos dirigidos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
La decisión, contenida en una providencia fechada este 27 de febrero de 2026, fue adoptada en el marco de un incidente de desacato presentado ante el despacho por el fiscal Burgos, quien argumentó que sus derechos al buen nombre, honor y dignidad fueron vulnerados por declaraciones del presidente Petro.
El origen del proceso judicial se remonta a agosto de 2025, cuando el Juzgado 54 Administrativo profirió una tutela a favor del fiscal Burgos Patiño y ordenó al jefe de Estado retractarse de afirmaciones públicas que lo vinculaban con asuntos relacionados con el caso de investigación en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente. Esa orden fue confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras recurso de apelación interpuesto por la defensa del fiscal.
Según el fallo original, las declaraciones del presidente no estaban respaldadas en evidencia jurídica suficiente y habrían puesto en riesgo el derecho al buen nombre del funcionario judicial.
Durante un consejo de ministros transmitido públicamente y en publicaciones en redes sociales, Petro cuestionó la actuación de la Fiscalía en el caso de su hijo, haciendo alusión al rol que desempeñó el fiscal Burgos y comparándolo indirectamente con otros procesos judiciales de alto perfil.
Estas expresiones llevaron a que el funcionario presentara la acción judicial con fundamento en lo que consideró una afectación a sus derechos fundamentales.
En respuesta, el despacho judicial ordenó inicialmente la retractación pública dentro de un plazo específico. No obstante, el presidente no emitió la retractación completa en los términos señalados por la sentencia, lo que motivó la apertura del incidente de desacato.
Con base en el análisis del cumplimiento de la orden judicial, el Juzgado 54 Administrativo determinó que hubo un claro incumplimiento de la sentencia de tutela, lo que configuró desacato. En consecuencia, impuso al mandatario colombianos una sanción pecuniaria equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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