Invamer denuncia que nueva ley de encuestas impidió publicar su histórico Invamer Poll

La firma Invamer informó que, por primera vez en más de tres décadas, no pudo publicar su tradicional Invamer Poll debido a las restricciones impuestas por la nueva ley que regula las encuestas electorales y de opinión política en Colombia.

En un comunicado y en entrevista con Voz Populi de Blu Radio, Martín Orozco, director y gerente general de la encuestadora, advirtió que la norma tendrá un fuerte impacto en el debate público y en el derecho ciudadano a estar informado.

“Por primera vez en más de 30 años no hemos realizado nuestro Invamer Poll. La nueva ley (…) no nos permite publicar el estudio con las especificaciones que lo hemos realizado históricamente. Al ser un estudio financiado con recursos propios, no nos es posible incrementar el tamaño de la muestra de la forma que la nueva ley lo exige”, explicó Orozco.

El directivo señaló que la regulación no solo limita las encuestas de intención de voto, sino también las de opinión pública, al imponer tamaños de muestra “exagerados e innecesarios” que resultan financieramente inviables para hacer estudios frecuentes.

“Llevamos más de 30 años haciendo este estudio cada dos meses con el ánimo de informar al país y darle voz a la ciudadanía (…) Lastimosamente, la ley de encuestas no solo limita o censura las de intención de voto, sino cualquier medición en Colombia, porque exige unas muestras que no hay quien las pague”, agregó.

Lea también: (Víctimas piden a la JEP expulsar al último secretariado de las Farc por ocultamiento de bienes)

Orozco insistió en que lo que corresponde es fortalecer la vigilancia institucional, no restringir el ejercicio de las mediciones. “Que nos auditen lo que sea necesario, pero no una ley que genera censura. Finalmente, quienes estamos perdiendo somos todos los colombianos, porque no hay información confiable, y quedamos expuestos a lo que circula en redes sociales y a la opinión sin sustento”.

Invamer confirmó que ya interpuso dos demandas y prepara una tercera, al considerar que varios artículos de la norma son inconstitucionales. Entre ellos, la obligatoriedad de preguntar por “todos los personajes que tengan conocimiento y favorabilidad manifiesta”, lo que haría prácticamente imposible cumplir con los estándares exigidos.

Otras noticias