Gobierno radica proyecto de Ley de Competencias para reformar el Sistema General de Participaciones

El Gobierno nacional radicó este lunes ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Competencias, una iniciativa clave para la implementación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y para el fortalecimiento de la descentralización en Colombia.

La propuesta fue presentada por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo. El proyecto plantea una visión que reconoce el agua como un bien común y establece su acceso como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

Según explicó la ministra Rivas Ardila, la iniciativa apunta a la focalización territorial y al cierre de brechas históricas, especialmente en materia de acceso al agua potable y saneamiento básico. “Este proyecto contribuye a entender el agua como un derecho fundamental y como un bien común, lo que permite avanzar en equidad y justicia territorial”, señaló.

La formulación del proyecto se desarrolló a partir de un amplio proceso técnico e interinstitucional. En total, se llevaron a cabo más de 150 mesas técnicas con la participación de entidades del Gobierno nacional, entre ellas los ministerios del Interior, Hacienda, Educación y Salud; el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DANE y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, además de expertos de la Misión de Descentralización.

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Adicionalmente, la iniciativa fue socializada en diferentes regiones del país, como Cali, Ibagué, Bucaramanga, La Guajira y Cartagena, entre otras, donde se recogieron aportes de pueblos y comunidades indígenas, así como de distintos actores sociales y territoriales.

El proyecto de Ley de Competencias es considerado una de las reformas estructurales más relevantes para el sector de agua y saneamiento básico, ya que contempla el fortalecimiento de la autonomía territorial, la redistribución de competencias entre la nación, los departamentos y los municipios, y el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Entre sus principales objetivos se destacan el cierre de brechas para alcanzar la cobertura universal mediante el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua; el reconocimiento de diversas formas de garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico; la ampliación de los usos permitidos de los recursos del SGP en este sector; y la priorización de las entidades territoriales con mayores rezagos en los criterios de asignación de recursos.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio busca avanzar en la garantía efectiva del derecho al agua, al tiempo que refuerza el proceso de descentralización y la autonomía de los territorios en la prestación de servicios esenciales.

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