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Gobierno prorroga contrato por $10.000 millones con firma británica que asesora a Petro por sanciones de EE. UU.
La Presidencia extendió el acuerdo con Amadeus Consultancy Limited sin modificar su valor ni condiciones, mientras la Procuraduría mantiene indagación.
El Gobierno Nacional prorrogó el contrato suscrito con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, contratada por la Presidencia para brindar asesoría jurídica al Estado colombiano frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro. La modificación contractual mantiene el valor total del acuerdo en 10.000 millones de pesos y conserva las condiciones de pago inicialmente pactadas.
El contrato continuará ejecutándose bajo el mismo esquema financiero, que contempla cuatro desembolsos de 2.500 millones de pesos cada uno, equivalentes a 500 mil libras esterlinas por entrega. Estos pagos están sujetos a la presentación de informes técnicos, análisis de riesgos institucionales y conceptos jurídicos relacionados con el régimen de sanciones financieras internacionales.
De acuerdo con información divulgada, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República incorporó una “mesa técnica de apoyo” para revisar los documentos entregados por la firma extranjera y agilizar la aprobación de los desembolsos previstos en el contrato.
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El documento de prórroga mantiene la exclusión del acuerdo frente a la tabla ordinaria de honorarios de la Presidencia, al considerar que se trata de servicios altamente calificados, especializados y de confianza. La ampliación fue aceptada el 30 de abril por representantes de la compañía, quienes manifestaron su conformidad con las nuevas condiciones contractuales.
Desde su firma, el contrato ha sido objeto de cuestionamientos por el monto comprometido, la ausencia de un proceso competitivo abierto y las características de la empresa contratada, creada en 2017 y con una estructura reducida. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación mantiene una indagación preliminar para evaluar el proceso contractual y determinar si existen méritos para una eventual investigación disciplinaria.
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