Gobernación de Antioquia demandará suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas del Valle de Aburrá

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender órdenes de captura contra 23 integrantes de estructuras delincuenciales con presencia en el Valle de Aburrá generó reacciones institucionales en Antioquia.

La Gobernación anunció la presentación de una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, mientras alcaldes del área metropolitana expresaron reparos frente a los efectos que la medida podría tener en las estrategias locales de seguridad.

De acuerdo con el ente acusador, la determinación se enmarca en el proceso de diálogo adelantado por el Gobierno nacional a través del denominado Espacio de Conversación Sociojurídico.

Según la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la suspensión de las órdenes de captura no implica la concesión de libertad para quienes permanecen privados de la libertad, sino que busca permitir la participación de voceros en actividades orientadas a la reducción de la violencia.

No obstante, autoridades territoriales manifestaron desacuerdo con el alcance de la resolución. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que, en coordinación con las diez alcaldías del Valle de Aburrá y la administración municipal de Rionegro, se interpondrá un recurso judicial el lunes siguiente a la Semana Santa.

La acción pretende controvertir la legalidad de la decisión por considerar que podría afectar el orden público en la región.

El mandatario departamental solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, revisar el contenido de la resolución.

En sus declaraciones, indicó que la medida podría facilitar la movilidad de personas vinculadas a organizaciones criminales dentro del área metropolitana, Rionegro y la ciudad de Bogotá, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre los controles institucionales y el propósito de las conversaciones en curso.

La resolución incluye a 23 personas identificadas como cabecillas o voceros en la mesa de diálogo instalada en el municipio de Itagüí.

Entre ellos se encuentran alias conocidos en el ámbito judicial, algunos de los cuales han tenido participación en espacios públicos relacionados con el proceso de paz urbana promovido por el Gobierno nacional.

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La Fiscalía precisó que, del total de beneficiarios de la suspensión, siete ya se encontraban en libertad y 16 permanecen en centros de reclusión.

Sobre estos últimos, indicó que no se ha otorgado excarcelación, sino que se busca habilitar condiciones para su intervención como representantes en el proceso de diálogo, sin que ello modifique su situación jurídica de fondo.

A pesar de estas aclaraciones, la reacción de los gobiernos locales fue de preocupación. Durante un encuentro entre autoridades municipales y departamentales, se evaluaron los posibles efectos de la medida en las dinámicas de seguridad del Valle de Aburrá.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones y revisar el impacto de decisiones judiciales en los territorios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó el mensaje que, en su criterio, podría percibir la ciudadanía frente a la lucha contra el crimen organizado.

En su intervención, señaló que varias de las personas incluidas en la resolución habían sido capturadas en operativos anteriores y vinculadas a procesos penales.

Por su parte, otros funcionarios, entre ellos Andrés Tobón, se refirieron a las implicaciones simbólicas de la decisión en relación con la confianza en la justicia.

Indicaron que este tipo de medidas pueden generar interpretaciones sobre la efectividad de las acciones del Estado frente a estructuras delictivas.

Los alcaldes del Valle de Aburrá coincidieron en que la resolución incide en los planes operativos diseñados en cada municipio.

Explicaron que las investigaciones que derivaron en capturas involucraron a múltiples actores, incluidos organismos de seguridad, testigos, víctimas y redes de cooperación ciudadana.

En ese sentido, señalaron que las decisiones judiciales deben considerar el esfuerzo institucional desplegado en dichos procesos.

Uno de los pronunciamientos destacó que las actuaciones judiciales previas incluyeron recolección de pruebas, declaraciones en audiencias y reconocimientos en diligencias formales, elementos que sustentaron las órdenes de captura inicialmente expedidas.

Según los alcaldes, la suspensión de estas órdenes introduce incertidumbre sobre la continuidad de los procesos y la protección de quienes han participado en ellos.

Adicionalmente, se plantearon inquietudes sobre la posibilidad de reincidencia delictiva. Algunos mandatarios locales indicaron que varias de las personas involucradas han sido objeto de condenas o investigaciones en curso, por lo que consideraron necesario establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley y la no repetición de conductas ilícitas.

En paralelo, el Gobierno nacional ha defendido el enfoque del Espacio de Conversación Sociojurídico como una herramienta orientada a reducir la violencia urbana mediante el diálogo con actores involucrados en dinámicas delictivas.

Este modelo busca, según sus promotores, generar compromisos verificables que contribuyan a disminuir los índices de criminalidad en zonas específicas.

El debate se mantiene abierto entre las autoridades territoriales y las entidades del orden nacional. Mientras la Gobernación de Antioquia avanza en la preparación de la acción judicial, se espera que el Consejo de Estado evalúe los argumentos presentados y determine la validez de la resolución expedida por la Fiscalía.

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